(Captura de un video de La Razón)
Pedro Sánchez no tiene lógica moral, y piensa que los poderes del Estado están a su servicio.
La Moncloa se moviliza contra el Tribunal Supremo a través del TC
El caso que afecta a Álvaro García Ortiz tiene como antecedente directo la sentencia de los ERE, que terminó siendo revocada por el Tribunal Constitucional. Ayer, Pedro Sánchez dejó entrever cuál es su estrategia para evitar que sea el Consejo de Ministros quien deba aprobar un eventual indulto.
Durante una comparecencia ante los medios en Johannesburgo (Sudáfrica), donde asistió a la cumbre del G-20, el presidente declaró: «Lamentamos este fallo; lo respetamos y acatamos. En una democracia como la nuestra hay dos pasos que deben darse: primero, iniciar el proceso para relevar y nombrar a un nuevo fiscal general del Estado; y segundo, acudir a otras instancias jurisdiccionales para abordar aquellos aspectos del contenido de la sentencia que puedan resultar controvertidos cuando se conozcan en detalle».
Sus palabras fueron inequívocas. Sánchez insinuó abiertamente que confía en que el Tribunal Constitucional, presidido por Conde-Pumpido, pueda revertir el veredicto. Era la primera vez que el jefe del Ejecutivo respondía públicamente y de forma directa a la condena contra García Ortiz, una resolución que marca un episodio sin precedentes en la democracia española.
En varios momentos de su intervención, y en consonancia con lo expresado previamente por otros miembros del Gobierno, reiteró su desacuerdo con el fallo: «Distintos ministros ya se han pronunciado. Nosotros respetamos las resoluciones del Supremo. Nunca me habrán escuchado decir, como han hecho otros partidos, que pretendo controlar la Sala Segunda. Acatamos las sentencias, pero en democracia es legítimo expresar discrepancias con la orientación de un dictamen».
El PSOE ha optado por recurrir a la movilización de su militancia
Para abrir un pulso directo con el Poder Judicial en la calle. En esta estrategia cuenta con el respaldo explícito de sus aliados parlamentarios. Ninguna causa aglutina tanto a fuerzas como Frente Popular: (Podemos, Sumar, Bildu, ERC o Junts) como la confrontación con los jueces, y todos ellos se mantienen alineados con la línea marcada desde Moncloa, que sigue empujando hacia un choque institucional sin precedentes.
En las últimas horas, la dirección socialista ha puesto en marcha un plan de activación interna que, según fuentes del propio partido, cuenta con el visto bueno del Gobierno. El objetivo de esta maniobra sería «elevar la tensión» sobre el bloque conservador y provocar que la extrema derecha también se vea arrastrada a las protestas en la calle.
Desde la óptica interna del PSOE, esta jugada persigue dos metas simultáneas: reconstruir la cohesión de la izquierda —resentida tras meses de fricciones internas— e incluir en esa dinámica a Junts. En Moncloa nadie imagina a Carles Puigdemont encabezando la defensa del Tribunal Supremo, lo que facilita esa incorporación táctica. Aunque desde el Ejecutivo insisten en que no existe ninguna coordinación oculta y que las protestas surgen de manera espontánea en redes sociales, quienes conocen los mecanismos internos del partido dudan de esa versión.
En el PSOE sostienen que la activación de simpatizantes y militantes funciona de modo similar al de otras fuerzas políticas: la izquierda sale a la calle contra lo que considera un «golpe» del Poder Judicial, mientras que la derecha lo hace contra el independentismo o en favor de la unidad de España. Según la versión oficial, el votante progresista se siente indignado tras los últimos movimientos judiciales y participa en las protestas por iniciativa propia, impulsado por un clima emocional desbordado. «No somos nosotros quienes movilizamos —insisten—, sino un Poder Judicial que actúa en clave política».
No obstante, sectores socialistas ajenos al núcleo duro del sanchismo cuestionan esta lectura y advierten de un riesgo recurrente: confundir a la militancia —altamente movilizada y fiel al partido— con el electorado general, una equivocación que ya ha tenido consecuencias negativas para el PSOE en etapas anteriores.
Ya sabemos lo que pasará en España si Pedro Sánchez pierde la elecciones generales de 2026 o 2027
Como tapar la reunión de Pedro Sánchez con Otegi
(Koldo no era "una anécdota)
Fuentes que estuvieron presentes en el encuentro que los dos dirigentes socialistas acudieron a la reunión con Otegi a bordo de un Toyota Rav4 blanco, vehículo propiedad del partido y conducido por Koldo García. El encuentro se celebró en algún momento entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de que se hiciera pública la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel y la financiación irregular del Partido Popular.Para reunirse con el líder de Bildu, Pedro Sánchez y Santos Cerdán viajaron en avión desde Madrid hasta Bilbao. Allí los recogió Koldo García, que había llegado previamente por carretera en el coche oficial del PSOE.
La cita entre representantes del PSOE y de Bildu fue coordinada por Antxon Alonso, un empresario investigado por el Tribunal Supremo y socio de Cerdán en la constructora Servinabar.Siguiendo las instrucciones de Alonso, Koldo García trasladó a Sánchez y Cerdán hasta un caserío situado aproximadamente a media hora en coche del aeropuerto bilbaíno. Las personas que estuvieron en la reunión prefieren no revelar la ubicación exacta del lugar por motivos de seguridad, aunque sí precisan que se encontraba dentro de un perímetro de unos 40 kilómetros entre el Aeropuerto de Bilbao, Elorrio —donde reside Antxon Alonso— y Elgoibar, localidad natal de Otegi.
Según la documentación societaria de 2016, Alonso y Cerdán, como socios en Servinabar, fueron quienes consiguieron concretar la reunión con el dirigente abertzale.
Que el PNV se vaya apretando los machos si el PSOE apoya a Bilbu en las Vascongadas.
