El Gobierno ya agita las calles contra el Supremo
La vicepresidenta Yolanda Díaz llama a la ciudadanía a «movilizarse» tras la condena al fiscal general del Estado
Primero, el Gobierno expresó públicamente su rechazo a la condena del fiscal general del Estado. Después, el partido principal del Gobierno, la criticó con dureza. «Es una auténtica vergüenza», dijo el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Más tarde, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un acto de Sumar, partido minoritario de la coalición, abogó, directamente, por una movilización para protestar contrala resolución del Tribunal Supremo.
En la televisión pública, se habló de golpismo judicial.
También en Podemos. Grupos como ERC, Bildu, incluso el PNV, se han
lanzado en tromba a criticar la condena a Álvaro García Ortiz. En
definitiva, toda la izquierda político-mediática, poco a poco, va
construyendo un relato contra los magistrados del Alto Tribunal, con un
cuestionamiento sobre su independencia. Esto es insumisión al Poder Judicial, algo muy peligroso. La jugada del 20 N no les ha salido como preveían.
El objetivo final es agitar las calles contra el Poder Judicial,
al que los miembros del Ejecutivo y sus afines quieren situar en el
centro de la diana, como ya lo estuvo en tiempos del proceso
independentista catalán. «Lawfare» es la palabra de moda, utilizada por
el propio presidente, Pedro Sánchez (no quiere anunciar elecciones generales para no perder). (Tiene el mejor aparato propagandístico del mumdo, después de Putin). Se agarran al poder con el pegamento Gluten.
Este sábado, en Madrid, durante la conferencia política de la plataforma que un día lideró, Yolanda Díaz hizo un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse de forma «serena» y «pacífica» a favor de la democracia y frente a las derechas (donde situó al Supremo), cuyo único objetivo, denunció, es «desmovilizar a la gente progresista de este país».
En su intervención, recordó la expresión que antaño –en el previo a la tercera investidura de Sánchez– pronunció José María Aznar, «quien pueda hacer que haga», para atornillar su teoría: que los jueces de nuestro país actúan al dictado de los referentes políticos de la derecha. De la sentencia al fiscal, dijo que acarrea «un gigantesco descrédito» para el Poder Judicial, que se encuentra «fracturado» y que «ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista de España».
