El caso que TV3 presentó como un drama social era en realidad un desahucio por impago hipotecario, ejecutado el 7 de marzo de 2025 contra un imán y su familia que llevaban años residiendo en la vivienda.
Tras el desalojo, Salt vivió dos noches de disturbios,
con lanzamiento de piedras, quema de contenedores y enfrentamientos con
los Mossos d’Esquadra. Pese a ello, la televisión pública catalana se
refirió a los altercados como “protestas por la falta de vivienda”.
Mientras los antidisturbios trataban de recuperar el control de las calles, TV3 insistía en que los disturbios eran “una reacción al drama habitacional que afecta a la comunidad migrante”. El enfoque fue calificado por numerosos analistas como un ejemplo de manipulación informativa: omitir el contexto de okupación y reducir los hechos a un simple conflicto social.
Salt no es un caso aislado. Es uno de los municipios catalanes con mayor índice de ocupaciones ilegales y delincuencia asociada, según datos del Ministerio del Interior, que apuntan a un aumento del 1.392 % de las okupaciones en la provincia de Girona desde 2009.
Los vecinos llevan años denunciando falta de seguridad, lentitud judicial y ausencia de respuesta institucional,
mientras el Ayuntamiento y la Generalitat insisten en hablar de
“emergencia habitacional” y “problemas estructurales del mercado de
alquiler”.
NOTA
Cuando los propietarios pierden una vivienda que les ha costado todo la vida comprarla y pagarla, aprende la lección y no la vuelven a alquilar. El error del gobierno es proteger a los okupas, mas que a los propietarios.
..................ENLACE
El Govern catalán trabaja en la preparación de informes jurídicos internos para determinar si una medida como la prohibición de adquisiciones de vivienda con fines especulativos puede encajar en el marco legal vigente. Así lo ha confirmado la portavoz del Govern y consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, quien ha dicho que el presidente Salvador Illa le ha encargado un estudio específico para contrastar qué propuestas podrían implementarse, cuáles requerirían modificaciones legales estatales y si entrarían dentro de las competencias autonómicas.
Esta iniciativa da continuidad al anuncio previo de Illa de que el Ejecutivo estaría abierto a estudiar la propuesta surgida del espacio de los Comuns, que registraron la propuesta en el Parlament, lo que convierte la elaboración de esos informes en la primera traducción institucional concreta de esa intención política.
La iniciativa de prohibir la compra especulativa de vivienda parte de los Comuns, que han registrado una proposición de ley para que los ayuntamientos catalanes puedan vetar compras de inmuebles que no estén destinadas a residencia habitual. La medida se presenta como una herramienta para frenar la presión del mercado especulativo y "garantizar que la vivienda sea un derecho, no un activo financiero".
La iniciativa de los Comuns se enmarca dentro de una estrategia más amplia: su grupo en el Parlament ha condicionado su respaldo presupuestario, y su apoyo a los suplementos de crédito del año pasado, a avances en materia de vivienda y su propuesta ha sido presentada con el aval de un informe jurídico encargado por el PEMB (Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona) que defiende su encaje constitucional si se diseña con carácter temporal, territorial y proporcionado.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, Paneque ha expuesto que están pidiendo "informes jurídicos que ayuden a ver estas propuestas, cuáles se adecuan al marco vigente o no, y si necesitan de modificaciones normativas que vayan más allá del Parlament de Cataluña y que tengan que ver con el Congreso”. Ha precisado que no se trata sólo de valorar desde la óptica jurídica, aunque esa sea una parte esencial, sino también de estimar “qué sumas puede haber si se requiriera de modificaciones en el Congreso”.
Ha recalcado que este encargo es “muy específico” del presidente Illa al Departamento de Vivienda, y que, cuando el Govern disponga de medidas concretas que considere posibles de aplicar, las hará públicas. Según Paneque, tanto los Comuns como ERC y la CUP han expresado voluntad de trabajar conjuntamente esta iniciativa: “Nos gustaría trabajarlo con las fuerzas de progreso del arco parlamentario, que son aquellas con las que coincidimos en estos ámbitos de intervención del mercado.”
