ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.

sábado, 23 de septiembre de 2017

Sábado día 30 de septiembre concentración a las 12 horas en todos los Ayuntamientos de España en contra del referendum ilegal en Cataluña




 He leído en la redesde sociales que Sábado día 30 de septiembre concentración a las 12 horas en todos los Ayuntamientos de España en contra del referendum ilegal en Cataluña.

 No sabemos por qué razón la TVE no da esta noticia que es viral y está en todos los medios y móviles.

Además debemos poner banderas españoles en nuestros balcones. Yo ya la he puesto.

Evitemos el desafío separatista, y la desmembranació de España. Pues de Cataluña vendrá Valencia, el País Vasco y Galicia.

Los paises catalanes son: Cataluña, Valencia, Baleares, y parte de Aragón y Francia


Artículo en La Vanguardia de Juan José López Burniol. "Por que no iré a votar". Debería ser leído por todos las universidades catalanas.


Por qué no iré a votar





Hará diez años publiqué un libro de título explícito: España desde una esquina. Federalismo o autodeterminación (Madrid, La Esfera de los Libros, 2008). Defendí en él la necesidad de permitir que las nacionalidades históricas que forman parte de España se replanteen y decidan en su caso, mediante referéndum, su modelo de encaje en el Estado. Lo hice desde el punto de vista del interés general de España, por entender que una estructura auténticamente federal del Estado sería mayoritariamente aceptada por todos, resolviéndose así un conflicto que perturba la política española desde hace más de un siglo. Dicho esto, he de añadir que diez años después sigo sosteniendo lo mismo (puede verse, en tal sentido, mi artículo publicado en La Vanguardia el pasado 9 de septiembre). Y desde el principio he respondido a quienes me objetan que todo ello es imposible y que, por tanto, hay que optar por la ruptura, que el día en que la demanda de un referéndum legal y acordado superase de largo los dos tercios del censo catalán (cosa segura), nadie ni nada podría impedir que el referéndum se celebrase.

Si traigo a colación cuanto antecede sólo es para dejar claro que no soy contrario a consultar a los catalanes, por vía de un referéndum legal y acordado, si aceptan permanecer en España bajo la estructura de un Estado federal; y, si la respuesta fuese negativa, a afrontar de consuno la situación con una nueva consulta sobre la independencia, pues entiendo que, a estas alturas de la historia, es imposible mantener cualquier forma de comunidad que no se asiente sobre la libertad. Ahora bien, con la misma claridad afirmo que no iré a votar en el referéndum ilegalmente convocado para el día 1 de octubre próximo, si es que llega a celebrarse. Y no iré a votar porque mi voto negativo sería contabilizado para aumentar el porcentaje de participación en la consulta a efectos de su aparente legitimación, siendo como es absolutamente ilegal. Cuanta mayor sea la participación, más legítimo parecería un referéndum que los independentistas presentan como un inocente ejercicio del derecho a decidir en abstracto, cuando lo cierto es que se trata de optar entre el sí o el no a la independencia, con infracción frontal del ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución y el Estatut de Catalunya (que exige el voto de 90 diputados para aprobar una ley electoral), y sin contar además con el respaldo mayo­ritario de los catalanes tal como quedó ­demostrado en las últimas elecciones autonómicas.

España en 1635-1645 según el atlas Theatrum Orbis Terrarum
España en 1635-1645 según el atlas Theatrum Orbis Terrarum (Getty)
Este referéndum carece de legitimidad democrática por ampararse en una ley –la ley del Referéndum– cuya aprobación por el Parlament constituyó el inicio de un golpe de Estado, culminado luego por la aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica. En efecto, los vicios de procedimiento en que se ha incurrido al tramitar dichas leyes son irreparables: se han aprobado a toda velocidad tras una irregular admisión a trámite, se ha dificultado su control de constitucionalidad al sortear el dictamen de la Comissió de Garanties Estatutàries, se ha enervado la facultad de enmienda y se ha infringido el principio de transparencia. Todo ello para celebrar un referéndum votado por una mayoría parlamentaria que no se corresponde con una mayoría social; que carecerá de las mínimas garantías de celebración; y que, además de su falta de base legal y de garantías democráticas, incumple la normativa de las Naciones Unidas y los indicadores exigidos por el Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums de la Comisión de Venecia.

Todo Estado de derecho descansa sobre dos principios: el principio democrático y el principio de legalidad. Ni la voluntad popular puede expresarse al margen de la ley, ni la ley puede enervar la expresión de dicha voluntad hasta obturarla. De lo que se desprende que la democracia es el resultado de la aplicación simultánea de ambos principios debidamente conjugados. Hace siglos, Francisco de Vitoria dejó escrito en sus Relectiones que “para que la ley humana sea justa y pueda obligar no basta la voluntad del legislador, sino que es menester que sea útil a la república”, porque “si la ley no es útil a la república, ya no es ley”. Por consiguiente, ni sin la ley, ni sólo con la ley. Lo que significa que ni se puede convocar un referéndum prescindiendo del Estado –que, a fin de cuentas, no es más que un sistema jurídico–, al que deben su existencia y del que reciben su legitimidad las instituciones que lo convocan y amparan, ni puede utilizarse la ley, restrictivamente interpretada, para impedir la expresión de la voluntad popular cuando existe una clara, continuada y seria voluntad de expresarla.

Estas son las razones por las que no iré a votar el próximo día 1 de octubre. Expongo mi decisión sin ningún ánimo apologético ni, menos aún, apostólico. Pero he pensado que, gozando tiempo ha del enorme privilegio de publicitar mis opiniones sobre los más variados temas semana tras semana, estaba obligado a hacerlo también hoy sobre una cuestión de tan capital importancia como esta.

jueves, 21 de septiembre de 2017

Conferencia en el centenario del nacimiento de Manuel Molina, poeta Orihuela y Alicante

Día 23 de octubre a las 19 horas. Conferencia: Vida y obra de Manuel Molina, en el centenario de su nacimiento. Impartida por Ramón Fernández Palmeral. acompañado por Clemencia Molina Varó (hiaj del poeta). En la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante.

Editorial de ABC. El estado se impone. 21 de septiembre de 2017


El Estado se impone

Ni en Cataluña se ha suspendido el autogobierno ni existe de facto un estado de excepción. Es el separatismo el que hace ya tiempo convirtió a Cataluña en un territorio sin ley

ABC - Actualizado: Guardado en: Opinión 
 
No había alternativa y el independentismo era plenamente consciente de lo que iba a ocurrir porque estaba avisado. La advertencia de que el Estado de Derecho no iba a permitir la voladura de España -como anoche repitió Mariano Rajoy- era nítida. El desmontaje estructural del referéndum ilegal era una necesidad democrática y una exigencia legal frente a los ejercicios de sedición diseñados por la Generalitat. Las detenciones de altos cargos del Gobierno catalán, incluido el número dos de Junqueras, jamás podrán ser una operación represiva de libertades y derechos. Fueron la respuesta proporcionada e imprescindible de un auténtico Estado de Derecho frente a quienes se han conjurado para aniquilarlo. Todo lo demás queda reducido a una parafernalia para justificar un golpe de Estado que el Gobierno y la oposición jamás podrán permitir. No hay un argumento para justificar que unos golpistas se arroguen la legitimidad de una soberanía nacional de la que carecen. Desde ayer, el Gobierno mantiene intervenidas las cuentas de la Generalitat, y eran imperiosos los registros hechos en cuatro consejerías, empresas y domicilios particulares para asestar un varapalo letal a la intendencia de la consulta.

Ni el Ejecutivo ni la Justicia podían dar una imagen de indolencia frente a tanto abuso. También se requisaron diez millones de papeletas, y trescientas entidades públicas y privadas catalanas están vigiladas por Hacienda para evitar pagos incontrolados de la Generalitat violando todo tipo de sentencias. El Estado de Derecho no tenía otra opción, y la respuesta de Puigdemont solo refleja la demencial deriva en la que se ha instalado. Ni en Cataluña se ha suspendido el autogobierno, ni existe de facto un estado de excepción, ni el Gobierno carece de vergüenza democrática ni lo ocurrido responde a un régimen represivo e intimidatorio. Es el separatismo el que desde hace tiempo convirtió a Cataluña en un territorio sin ley ni derechos para millones de ciudadanos, expuestos a la amenaza, la marginación, el estigma españolista y el odio social. Y si de algo debe lamentarse el Estado es de haber tardado en hacerse presente con dignidad en Cataluña. Más allá de la firmeza con la que actuaron ayer la Justicia y el Gobierno, la pretensión de los sediciosos de promover concentraciones masivas para presentar a España como una dictadura opresora de las libertades debe ser ahora la mayor preocupación de todos.

Se trata de una situación de excepcional gravedad no vivida desde el 23-F y cualquier chispa ajena a la razón puede agitar la violencia en las calles, un riesgo contra el que también alertó ayer el presidente del Gobierno. El riesgo es alto, visto el proceso de «batasunización» de la CUP. Es comprensible que Puigdemont y Junqueras se resignen a no ver urnas el 1-O, y que su llamamiento a una insumisión masiva sea solo el último recurso del derrotado. Pero las consecuencias son imprevisibles si se intenta generar conflictividad. Exigir a los catalanes que se echen a la calle e impidan la labor de jueces, fiscales y policías es la muestra más enervante de un victimismo elevado a la enésima potencia para perseverar en su fobia a España. Ayer hablaron de «declaración de guerra», tildaron de traidores a los Mossos, destrozaron una sede del PSC y agredieron a militantes, y quisieron evitar la detención de altos cargos saltando sobre furgones policiales. Defendieron la delincuencia institucional para resolver por la vía de los hechos consumados, lo que ni la ley ni la historia les conceden. Poner en riesgo la convivencia democrática alentando el caos en Cataluña no puede ser una opción.

Hoy la prioridad ya no puede ser contemporizar con quienes quieren romper España. Sublimar las llamadas al diálogo cuando ni un solo independentista quiere dialogar sobre nada es mentir a la opinión pública. La prioridad es preservar el orden constitucional votado por la inmensa mayoría de españoles en 1978. Y mientras sea el orden vigente, cualquier agresión merece respuestas sin miramientos. El PSOE apoya al Gobierno, pero con una incoherencia tan incomprensible que lo convierte en un partido poco fiable. Podemos habla indecentemente de «presos políticos». Y en un ejemplo intolerable de aversión irracional, ERC acusa a Rajoy -a todos los españoles- de tener las «manos sucias». Actuar con cálculos electoralistas es indigno, y la historia y las urnas retratarán a cada cual en esta secuencia de despropósitos rupturistas. Es evidente que Podemos no es recuperable para la democracia, pero el PSOE está a tiempo de dejar de agachar la cabeza, y de no ofrecer más argumentos para justificar a quienes amenazan con destruir España. No es momento para felonías.

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Se habla estos día de la voluntad de la ciudanía catalana. Una ciudadanía sin respetar la leyes no van a ninguna parte, se convierte en el terror jacobino de la revoluón frances. Y de la horda de la revolución rusa.

El coche de Puigdemont es un AUDI blindado, ¡Vaya modo de favorecer la industria automovilística catalana!



El coche de Puigdemont es un AUDI blindado, ¡Vaya modo de favorecer la industria automovilística catalana!
Así se favorece de in dustria del automóvil en Cataluña.
El coche es nuevo JGZ
Barcelona.
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a Carles Puigdemont lo veo como a un demente tipo Hitler, kamikace, que no atiende a razones,  alguien de su gavinete de gobierno debería sustituirle. Es un enfermo mental, ahora pretende que niños de los colegios de Olot  vayan a las manifestaciones. No quiere reconocer que el referéndum se ha abortado por el gobierno de Rajoy. Esta desligitimado,no tiene derecho a llevar a los catalanes a un situación extrema e imprudente.
Todos le están diciendo, incluso el PSOE, que desconvoque el referéndum.

Otra enferma mental es Carme Forcadell que como presidenta del Parlamento Catalán se dedica a asediar como una manifestante más la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña. A esto le llaman democracia.

Pablo Iglesias no asistió a la manifestación en Sol por el referendum en cataluña.

Ayer. 21 de septiembre 2017

Los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, y sus confluencias, y los grupos independentistas del Partido Demócrata Catalán –la antigua Convergència–, ERC y el PNV apoyaron una concentración convocada sin la pertinente comunicación a la Delegación del Gobierno, una negligencia que podría acarrear multas a los promotores. «Democracia, libertad», fue el cántico más escuchado en la reunión a la que asistieron diversos representantes de Podemos, como el diputado íñigo Errejón, el secretario de organizción Pablo Echenique o el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón. No acudió en cambio Pablo Iglesias, después de promover la asistencia a la misma y de haber criticado la actuación judicial por la mañana denunciando que España se encamina «a una situación en la que va a haber presos políticos». La cita, en la que se observaron banderas de la Segunda República o de los comuneros de Castilla, tampoco se la perdieron el antiguo dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, la concejala de Ahora Madrid Celia Mayer o el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar. 


Es muy acertado que pase esto en democracia para que los votantes sepamos de qué pie cojea cada cual. 

MAS INFORMACIÓN


EL RESURGIR DE LA FLANGE ESPAÑOLA:
 Separados del resto de manifestantes por la Policía, y en el otro extremo de la Puerta del Sol, una veintena de personas se concentraron con una pancarta que decía «Viva la unidad de España». Portando banderas de España y del grupo de ultraderechas Falange, se intercambiaron gritos e improperios con los concentrados, mientras algunos turistas y paseantes observaban la escena y realizaban fotografías.

La Razón. Diez días para mantener la tensión. La Razón


Diez días para mantener la tensión

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El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió ayer la caja de Pandora contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los días previos, la Fiscalía había actuado pidiendo a las fuerzas policiales que actuaran como policía judicial en contra de los preparativos y los fiscales empezaron a llamar a declarar a los alcaldes para cerciorarse de que sabían que estaban incumpliendo la ley. Las fuerzas policiales realizaron algunas escaramuzas que empezaron a dejar en evidencia que la astucia independentista hacía aguas. El martes, el independentismo sufrió su primer golpe serio: la intervención de las comunicaciones a los presidentes y vocales. Sin embargo, ayer la actuación del juez hizo añicos el tira y afloja entre el Estado y la Generalitat.

El golpe judicial destroza la estrategia secesionista en la organización, incautando casi 10 millones de papeletas, la financiación, deteniendo la cúpula de la Consejería de Economía, y la logística, desarbolando toda la infraestructura informática que debía contar los votos y la participación del referéndum. El golpe de gracia se suma al control de cuentas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda.
La cúpula del 1-0, el núcleo duro que controlaba su realización y también los movimientos a seguir tras esa fecha, cae y con ella una buena parte de la infraestructura. Sin embargo, el juez no ha actuado en ningún momento contra ningún miembro del Ejecutivo de Puigdemont.

El principal afectado por las detenciones y registros es la Consellería de Economía, dirigida por el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras. Tres de sus hombres de confianza han sido detenidos en la operación y le dejan tocado institucionalmente, al tiempo que lo han convertido en el líder del proceso. No en vano, los líderes de ERC han arengado a los concentrados desde la sede de la consellería de Junqueras.

El Gobierno catalán y su presidente, Carles Puigdemont, saben que el 1-0 desapareció ayer como referéndum pero se han conjurado en utilizarlo como elemento de acción política. Todos los partidos políticos están pensando ya en su estrategia a partir del día 2. Antes de reunir a su Gobierno, Puigdemont se citó con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el ex presidente Artur Mas y los líderes de las organizaciones independentistas.

El independentismo asumía ayer, por primera vez, que la realización del referéndum era casi imposible pero se ha conjurado en mantener la tensión hasta el día 1 de octubre. En algunos foros de debate estaban muy presentes los hechos del 6 de octubre de 1934 que acabaron con muertos, heridos, la autonomía suspendida y el gobierno detenido.

Las asociaciones independentistas, ANC y Òmnium Cultural, han asumido el liderazgo del soberanismo en la calle para dar una imagen de transversalidad. Todo su empeño fue en lanzar ayer proclamas en favor de la resistencia no violenta. La CUP fue la única organización secesionista que no se pronunció claramente por la resistencia pasiva.

La izquierda catalana, con Ada Colau a la cabeza, se lanza en defensa de las instituciones catalanas y contra el allanamiento de la Guardia Civil. En Comú Podem, los sindicatos UGT y CC OO, y otras organizaciones de izquierda claman contra la represión y en favor de la voluntad democrática de los catalanes. En ningún momento han puesto en cuestión la ilegalidad del proceso. Sólo el PSC reclama una negociación y el fin del proceso ilegal por parte del Ejecutivo de Puigdemont.

La sociedad civil catalana ha cerrado filas con sus instituciones demandando soluciones pactadas al conflicto –desde las universidades hasta el Futbol Club Barcelona pasando por los organizaciones del Primavera Sound– aunque dando a las instituciones catalanas la supremacía política por «defender la democracia»
El independentismo acentuará la presión en la calle hasta el 1-0. El movimiento judicial fue aprovechado para ensayar las movilizaciones que se mantendrán durante todos estos días y en todos los foros. Las fiestas de la Mercè en Barcelona serán un gran polo de atracción de estas manifestaciones así como los eventos deportivos de este fin de semana.

Los partidos secesionistas se están esforzando en mantener la calma intentando aprovechar el rechazo que se ha generado ante la actuación del juez para favorecer la participación el 1-0. «Aunque no haya censo, ni urnas, ni colegios, iremos a votar y demostraremos la firmeza de nuestra voluntad política», apunta un dirigente independentista. Su frase es todo una declaración de intenciones.

Un llamamiento a la serenidad. Editorial de "La Vanguardia" de Barcelona




Editorial de La Vanguardia

Llamamiento a la serenidad








La economía de la Generalitat, intervenida. Más de una docena de altos cargos y funcionarios de la Administración catalana, detenidos por orden del juez. Cuarenta y un registros en oficinas públicas, despachos privados y domicilios. La logística del referéndum del 1 de octubre, muy desbaratada. Inmediatas manifestaciones de protesta en el centro de Barcelona. Tensión, mucha tensión en todos los estratos de la sociedad. Tres partidos catalanes abandonando el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en señal de protesta. Actos de apoyo a las instituciones catalanas en Madrid, Valencia y otras ciudades españolas. El Gobierno –que dice cumplir con su deber–, en minoría en el Congreso de los Diputados. Fuerte presión sobre el Partido Socialista. El Partido Nacionalista Vasco, fuerza imprescindible para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, confirma su asistencia a una asamblea de parlamentarios favorables al soberanismo. España en todos los noticiarios del mundo, con una imagen poco grata para un país europeo: políticos detenidos, papeletas de votación secuestradas. Incertidumbre ante las jornadas que se avecinan. Este es el paisaje que se podía haber evitado. Estamos ante una crisis de Estado.

Esta grave situación se podía haber evitado. Lo venimos advirtiendo, al menos, desde el 2015. Había caminos para sortearla. La actual situación se podía haber evitado atendiendo al principio de realidad. Los partidos soberanistas debían haber admitido que en las elecciones al Parlament de Catalunya de septiembre del 2015 no superaron el plebiscito que ellos mismos habían planteado. El independentismo no superó el 50% de los votos. No consiguió una mayoría social suficiente para una aceleración histórica. No consiguió la mitad más uno de los votos, pero quedó muy cerca. A lomos de su orgullo –y de sus respectivos cálculos de partido–, Artur Mas y Oriol Junqueras no quisieron admitir la realidad por miedo a la desmovilización y por temor a aparecer como perdedores ante el Gobierno español, que no les ofrecía ninguna alternativa. Optaron entonces por la fuga hacia delante y quedaron en manos de la CUP, previo sacrificio de Mas, que, mal aconsejado, no se atrevió a convocar nuevas elecciones. Un joven partido de extrema izquierda con el ocho por ciento de los votos se convertía así en dueño de la dinámica política catalana, sin tan siquiera esperarlo. Una situación insólita. Insólita pero real.

El Gobierno español también leyó mal septiembre del 2015. El fracaso del plebiscito fue interpretado como un desmayo del soberanismo, sin calibrar correctamente la profundidad de la protesta social y política en Catalunya, expresada con toda rotundidad desde el 2012. Cuando el 48% de los votantes de una sociedad expresa su adhesión a programas de ruptura hay que preocuparse. Y hay que preocuparse todavía más si ese 48% reúne a muchos votantes jóvenes y a los sectores más dinámicos de las clases medias. En septiembre del 2015, Mariano Rajoy se hallaba en vís­peras de unas elecciones generales muy complicadas. Tenía poco margen para moverse y seguramente creyó que la tensión con los soberanistas catalanes podía contribuir a la cohesión del electorado conservador español en un momento de fuerte desgaste, como consecuencia de la crisis económica. Creemos que el Partido Popular se ha convertido en adicto de un peligroso estimulante: la tensión catalana. La tensión catalana ayuda a cohe­sionar a su electorado y, llevada al extremo, desbarata a su principal adversario, el Partido Socialista. El incen­tivo es poderoso, pero toda espiral de la tensión acaba ­estallando. Después de muchos años de acumulación de tensiones, ese momento crítico ha llegado. ¿A quién beneficia ahora?

Poco antes del verano, advertíamos que los actuales gobernantes catalanes podían acabar llevando el autogobierno de Catalunya contra las rocas. Desgraciadamente así está ocurriendo, después de las nefastas sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, en las que la institucionalidad catalana fue violentada y herida. Fue un mal paso. Suele serlo siempre que se pierde el respeto a la ley. Los dirigentes soberanistas inteligentes lo saben. Y algunos se atreven a reconocerlo. La Generalitat se halla intervenida, sin que se haya activado el artículo 155 de la Constitución. Decenas de dirigentes políticos y de altos funcionarios catalanes van a ser procesados. Los pleitos serán interminables. No sabemos qué pasará en las próximas semanas, pero sí podemos intuir que la plena restitución del autogobierno y el indulto de los inhabilitados se convertirán en argumentos centrales en los próximos meses. Se podía haber evitado.
Desde hace cinco años venimos criticando el quietismo del Gobierno español. Mariano Rajoy reiteró ayer que su principal obligación es velar por el cumplimiento de la ley y evitar la celebración de un referéndum de autodeterminación que choca frontalmente con la Constitución. Nunca discutiremos que el deber del Gobierno –de cualquier Gobierno– es hacer cumplir la ley. Ocurre, sin embargo, que la mejor manera de hacer cumplir la ley es propiciar el acuerdo, en caso de conflicto social grave. Ley y política. Con los reglamentos no se solucionan los graves problemas de un país. La situación hoy sería otra si la necesaria exigencia de cumplimiento de la ley hubiese ido acompañada de una sincera oferta de diálogo político. Es posible que en estas horas críticas, las encuestas, en lo que respecta a la opinión pública española, sean claramente favorables al Gobierno. Queremos advertir, sin embargo, que la situación creada va a ensanchar el campo de la protesta en Catalunya. Ya no es una cuestión de independentistas y no independentistas. Muchos ciudadanos ajenos al soberanismo sienten un profundo disgusto en estos momentos. La desafección respecto al Estado crece, por falta de un marco político de encauzamiento y diálogo. Los puentes están rotos. La situación es grave.

La logística del 1-O está prácticamente rota, pero el malestar ciudadano es enorme. Nuestro deber es advertirlo. ¡Cuidado con el cortoplacismo! ¡Cuidado con las miradas cortas! El Estado español y Catalunya se exponen a demasiados riesgos si entramos en un bucle de enfrentamientos. No es el momento de dejarse fascinar por las encuestas de urgencia. No es el momento de dejarse arrastrar por los insensatos que exigen una humillación pública de las instituciones catalanas. No es el momento, en Catalunya, de dejar la política en manos del reclamo emocional de la calle. No es la hora del aventurismo.
Queremos manifestar nuestro pleno respeto a las instituciones catalanas, amparadas por la Constitución y el Estatut, y nuestra adhesión al autogobierno. Y desde ­esta posición pedir serenidad a todos y la apertura ­inmediata de un marco de diálogo.

Las trolas de Puigdemont

En una democracia las autoridades no pueden mentir impunemente a la ciudadanía



Tras conocerse los registros y detenciones efectuados ayer por la Guardia Civil en diversas dependencias de la Generalitat, su presidente, Carles Puigdemont, formuló una serie de afirmaciones falsas. Creemos fundamental que en una democracia las autoridades públicas no puedan mentir impunemente a la ciudadanía.

1. “El Gobierno de la Generalitat ha sido objeto hoy de una agresión coordinada de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior”. Falso: los registros y detenciones practicados el miércoles en distintas dependencias de la Generalitat fueron ejecutados por indicación del juez de Instrucción número 13 de los juzgados de Barcelona. El instituto armado actuó por tanto en su calidad de “policía judicial”.

2. El propósito de la operación es “suspender la actividad del Gobierno” catalán, “que tiene la legitimidad democrática”. Falso. Solo se ha intervenido sobre las actividades relacionadas con la organización del referéndum secesionista. El Govern sabe, pues así se lo ha comunicado el Tribunal Constitucional, que ese referéndum es ilegal y que no tiene competencias para organizarlo. Por otra parte, el Govern sostiene que basta con el apoyo de una mayoría de los diputados electos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 para derogar el Estatut de Autonomía. Pero se equivoca: lo que define a una democracia no es la existencia de una mayoría sino que esta no pueda saltarse la ley impunemente.

3. “Esta agresión carece de amparo legal”, vulnera “el Estado de derecho” y la Carta de Derechos de la UE, suspende “de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción”. Todo es falso. La intervención policial se realiza al amparo del poder judicial y cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional. Se enmarca pues en el Estado de derecho, del que la independencia judicial es pilar básico. Tampoco puede decirse que se haya suspendido la autonomía catalana. No se ha empleado el artículo 155 de la Constitución, que permitiría intervenirla puntualmente; ni se ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al Gobierno asumir el mando de todas las policías. Tampoco hay Estado de excepción, porque no se han suspendido los derechos de los ciudadanos, como ilustran las concentraciones de ayer.

4. Distintas actuaciones como “los registros indiscriminados incluso en domicilios particulares” y otras medidas como “el cierre y bloqueo de páginas web” constituyen “un asedio a la democracia”. Falso: los registros de ayer no fueron indiscriminados, sino individualizados dentro de la operación de policía judicial. Y el cierre de la página web que pretendía aplicar una ley suspendida (la del referéndum del 6 de septiembre) por el Tribunal Constitucional, dando detalles de esa convocatoria ilegal y órdenes para realizarla, fue decidido por la fiscalía en cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal.

5. “Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español” y tras estas actuaciones “consideramos que el Gobierno ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes autoritarios y represivos” y que “no respeta los principios elementales de la democracia”. La acusación no es nueva. Anteriormente Carles Puigdemont ya sostuvo que políticamente España es como Turquía. Pero el caso es el contrario, España es un Estado de derecho europeo y plenamente democrático. Y es Puigdemont, como Erdogan, el que amparándose en la mayoría e ignorando la separación de poderes está saltándose la ley, violando la Constitución y el Estatut y utilizando las instituciones para impulsar un referéndum ilegal y sin garantías.

6. “Los ciudadanos estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio”. Falso: la convocatoria no es para defender la democracia, sino para culminar el proyecto de derogación de la Constitución, de abrogación del Estatut de autonomía y de ruptura con el Estado plasmado en las leyes de convocatoria del referéndum y de “transitoriedad”, que fueron aprobadas por el Parlament el 6 y el 8 de septiembre de 2017 en un hemiciclo semivacío en el que se negó a los diputados de la oposición sus derechos parlamentarios. Las intimidaciones han corrido a cargo de los grupos secesionistas, entre otros la CUP, que ha pegado pasquines con las fotos de alcaldes y concejales partidarios de cumplir la legalidad democrática.

7. “Defenderemos el derecho de los catalanes a decidir libremente su futuro”. La presunción de que los catalanes no deciden su futuro en elecciones libres es falsa: han participado en 35 elecciones plenamente democráticas desde 1977 (de distinto nivel, local, autonómico, estatal y europeo) y en tres referendos (de ratificación de la Constitución y los dos Estatutos de autonomía); gozan de autogobierno; y sus partidos están plenamente presentes en el Congreso y el Senado españoles (y en el Parlamento Europeo, en su condición de españoles), así como en muchos otros organismos públicos.

8. “Lo que está viviendo Cataluña no lo está viviendo ningún Estado de la Unión Europea”. Esta es la única afirmación de Puigdemont que es cierta. Por desgracia, tanto en Hungría como en Polonia tenemos líderes nacionalistas que quieren acabar con la separación de poderes y derogar los sistemas de derechos y libertades vigentes. Por fortuna, ese tipo de comportamientos carecen de lugar en la UE.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Puigdemont dice por primera vez que Cataluña es un autogobierno.

Esta mañana tras la reunión de los consejeros con Puigdemont ha declarado que el Estado esta atacando al autogobierno de Cataluña, es decir, una autonomía. Ellos pensaban que ya era una república, a falta un referéndum. Están mintiendo descaradamente. No reconocen al Tribunal Constitucional, no reconocen que la ley del referéndum ha sido suspendida, y siguen con el pulso de hacer el referéndum, cómo lo van ha hacer.
A Puigamont le gustaría que hubiera muchas manifestaciones violentas, heridos, miles de detenidos, para echarle las culpas a Rajoy. Cuando es él quien esta soliviantando a las masas. Las masas hacen mucho ruido pero no pcasd nueces, hasta ahora no han podido impedir ninguna actuación.
Piensa Puigdermont que muchas manifestaciones y barricadas, le van a solucionar el problemon que se le ha presentado.
Guardias Civil, Policía Nacional y Mossos están actuando coordinadamente.
No obedecen las leyes y presentan recursos.
Han implicado a los alcaldes para que se comprometan acceder locales, poniéndolos en el punto de mira de los independentistas.
La sociedad catalana está dividida.
La CUP es un partido anticapitalista, que por bien de Cataluña debe ser suspendido.
Quienes no respetan las leyes no pueden ser nunca tenidos como ciudadanos, sino como delincuentres, que es lo que son.
Puigdemon y la Generalit se ha desligitimado ella sola al no cumplir la Constitución y el Estaatut, por lo tanto se convierten en delincuentes.
El preámbulo del Estatuto de Autonomía se fundamenta en la Constitución. El arte 1 dice lo mismo que el preámbulo. En 2006 el Estatuto decía que CATALUÑa ES UNA NACION, Y EN 2010 se quedo como una nacionalidad. Esto no gusto a ERC, y es origen de conflicto y de referéndum.

Tras el día 1-O, todo estaba preparado para proclamar la República Catalana. Con el Sí o con el no.


 Ya dije en un artículo mío anterior que lo del referéndum del dia 1-O, es solo un traspantojo, una excusa, un tramite para proclamar la República gane el sí o el no.  Lee da igual el referéndum y la gente. Lo mejor es quedar es casa para no hacerle el caldo gordo. Es lo único que pueden hacer lo no independentistas.

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Catorce detenidos por preparar las «estructuras del Estado» de la futura República catalana

No se ha podido precisar si los agentes están efectuando algún registro en sus dependencias o han demandado documentación

  • Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra, en la puerta de la consellería de Economía de la Generalitat

Las detenciones realizadas esta mañana por la Guardia Civil en distintas entidades oficiales de la Generalitat responde a la estrategia de abortar las “estructuras de Estado” que se estaban montando para la futura “república catalana”, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.
Las pesquisas de la Benemérita han permitido determinar que las personas arrestadas participaban supuestamente en la elaboración de esas “estructuras”, que se habrían puesto en marcha en el momento de la proclamación de la citada “república”, justo después del referéndum del 1-O que los separatistas daban por ganado antes de celebrarse.
La operación de esta mañana, a la que seguirán otras hoy mismo y en los próximos días, supone un duro golpe a toda la estrategia secesionista. Los agentes, han “clonado” (copiado) los ordenadores y otros elementos telemáticos de los arrestados, donde se supone que se encuentran definidas esas “estructuras de estado”, lo que, según las
fuentes consultadas, demuestra la voluntad la proclamar la independencia de Cataluña al margen de la legalidad vigente y en contra de las resoluciones de los tribunales de justicia.
La Guardia Civil ha desplegado este miércoles una operación en nueve sedes de la Generalitat por el referéndum ilegal. El «número dos» de la consejería de Hacienda que dirige Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, ha sido detenido. Otros 13 cargos, tres de ellos del equipo de Junqueras, han sido también arrestados, según fuentes policiales.
Decenas de personas se han concentrado en la Rambla de Barcelona para protestar por la operación que ha defendido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "Se ha hecho por decisión del juez para que se cumpla la ley", ha dicho en el pleno del Congreso que han abandonado los diputados del PDeCAT y ERC.
Entre los detenidos siguiendo el mandato del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se encuentran Josep Maria Jové, Josep Maria Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez, todos ellos altos cargos de de la Consejería de Economía y Hacienda; David Palacad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores; Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales, perteneciente a la Consejería de Bienestar y Josue Sallent Rivas y David Franco Marcos, ambos altos cargos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
También hay otros dos arrestados, Oau Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de papeletas con el 'Sí/No' en una nave en Bigues i Riells (Barcelona) a la que esta mañana se ha desplazado su propietario, el empresario Pau Furriol Fornells, en compañía del secretario judicial y de agentes de la Guardia Civil.

EH Bildu y Podemos. Ya se sabía. La chorrad nº 400 de Pablo Iglesias sobre lo de "presos politicos"

"Vamos a una situación en la que en España va a haber presos políticos", ha señalado Pablo Iglesias este miércoles en los pasillos del Congreso para referirse a  las detenciones de miembros del Gobierno catalán. Se une así el líder de Podemos a EH Bildu, que ha abandonado la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco en protesta por la "acción armada contra la democracia" que el Gobierno central está desarrollando en Cataluña
"Yo creo que no es sensato que en un país democrático haya presos políticos. Ante esto, cargos públicos debemos dar una respuesta llamando a la convivencia, al diálogo, a la sensatez, y exigir que en nuestra democracia no se puedan suspender los derechos civiles", ha manifestado Iglesias en los pasillos de la Cámara Baja.

Pablo Igleisas. ¿Dónde estaban tú cuando la ETA asesinó a 208 guardias civiles?

Editorial de El País, de 20 de septiembre de 2017

La democracia y el orden constitucional que los españoles nos dimos en 1978 tras largos años de dictadura se encuentran en un momento crítico. El reto planteado por el Govern y la mayoría parlamentaria que lo sostiene amenazan con destruir la unidad y convivencia. De forma irresponsable, vaciando las instituciones y abusando de la buena fe de los demócratas y de las garantías que rigen en un Estado de derecho, los independentistas se han embarcado en un desafío sin precedentes al Estado. El Gobierno, como el resto de las instituciones, tiene la obligación de actuar con firmeza y todos los medios legales para defender la vigencia de la Constitución, la democracia y los derechos y libertades de todos los españoles.
Restaurar el orden constitucional implica evitar el anunciado referéndum secesionista. Es una consulta ilegal, que viola la Constitución y el Estatuto de Autonomía, aprobada por el Parlament y el Govern en flagrante violación de sus propias disposiciones y suspendida por el Tribunal Constitucional. Es una votación sin ninguna garantía democrática, destinada a socavar los fundamentos del Estado y cuyos promotores no dudan en amedrentar, amenazar y discriminar a quienes no se muestran de acuerdo con ellos, cercenando sus libertades individuales.

La desobediencia del Govern al Constitucional y a la Fiscalía General del Estado no deja lugar a dudas sobre su determinación de continuar adelante con las incitaciones a la sedición. Celebrar la consulta supondría reconocer que la Constitución ha dejado de regir en Cataluña y dejar desamparados a los millones de ciudadanos que quieren seguir adelante con el proyecto de convivencia que nos dimos en 1978.
El Govern viola de forma reiterada y deliberada la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Dentro de esta deriva ilegal, hay que denunciar la actitud de los Mossos d’Esquadra, un cuerpo armado cuya misión principal, como la de todas las fuerzas de seguridad del Estado, es garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos y libertades. Tras haber recibido la orden de la fiscalía de impedir la celebración de la consulta, este cuerpo policial, que se debe a todos los catalanes, y no solo a una parte de ellos, permanece impávido ante la comisión de delitos que socavan el orden constitucional y estatutario. Es inadmisible que una fuerza policial se ponga al servicio de una causa y no del Estado y la Constitución a quienes deben su lealtad. El Gobierno debe poner fin al constante abuso y desviación de poder en el que se han instalado las instituciones que el secesionismo ha puesto bajo su control. Se trata de restaurar los derechos establecidos en la Constitución y el Estatut que han sido arbitrariamente derogados o suspendidos por los secesionistas.

La legalidad democrática está por encima de la política, las opiniones y las emociones. Promover o apoyar una rebelión contra un Estado democrático en la Europa del siglo XXI es una ofensa a la libertad de los ciudadanos, a la convivencia entre ellos y a sus derechos más inalienables. Frente a la demagogia imperante, esparcida por algunos oportunistas líderes políticos y los aprendices de brujo de la Generalitat, es preciso poner de relieve que no hay tensión entre democracia, legalidad y legitimidad. Los tres conceptos caminan juntos y no puede ser de otra manera en una democracia establecida y sólida como la española.

El Gobierno tiene la obligación de actuar con firmeza para defender la Constitución y la libertad
EL PAÍS ha defendido siempre desde su fundación la legalidad democrática frente a cualquier intento involucionista. Está en la memoria de todos los españoles la edición especial de la noche del 23-F de 1981, con el título “EL PAÍS, con la Constitución”. En estos momentos de especial gravedad nos vemos en la obligación de volver a expresar con firmeza nuestro apoyo a la Ley Fundamental y nuestra defensa de los derechos de los catalanes y de todos los españoles. Esta defensa no ha impedido nuestra reiterada petición de reformas y apoyo a una revisión del texto constitucional que incorpore el federalismo como fórmula de organizar la convivencia de los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios. Pero ante el desafío planteado por la Generalitat lo primero e inmediato es frenar este descarado golpe contra la democracia. Ya llegará el tiempo de pedir responsabilidades

El presidente del Gobierno debe convocar de urgencia a los principales partidos parlamentarios para informarles de las medidas que adoptará para restaurar la legalidad con eficacia y pedir su apoyo. Y debe comparecer públicamente para explicar la situación a todos los españoles. Tiene la razón y la legitimidad de su parte. Pero, sobre todo, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar para evitar que España se convierta en un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes y de que se respete su Constitución.

¿Por qué el gobierno español no puede autorizar el referéndum en Cataluña?




El gobierno de Mariano Rajoy no tiene capacidad legal para autorizar el referéndum de autonomía, porque habría que modificar la Constitución, cuya modificación depende de la mayoría del Congreso. De hacerlo Rajoy sería papel mojado, porque no es su facultad hacerlo. Y en caso de que el Congreso lo autorizara, que es el único que lo podría autorizar, ello implicaría reconocer los resultados, y de salir el sí, entonces lo ha de reconocer y darle la independencia, y se quedarían con 32.200.000 km2, del territorio español, de todos los españoles.
La Constitución dice en el arte. 1.2, que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y además que España es indivisible. Los padres de la Constitución lo hicieron así, precisamente para evitar posibles deseos de independencia de vascos y catalanes.
Los independentista catalanes se empeñan, inútilmente en intentar deslegitimar la Constitución porque el Tribunal Constitucional en 2010, reformó se Estatuto de Autonomía, y no están de acuerdo con esa sentencia. Pero en cuestiones de Derecho, solo cabe aceptar por cojones las sentencias, las leyes orgánicas, Códigos, bandos y demás normas, de lo contrario el Estado de derecho y la convivencia se rompería, pero para que esto lo entienda Carles Puigamont debería ser abogado y no lo es, sino periodista deportivo.
Ayer en el Congreso, el PSOE, de Pedro Sánchez, dio aires a los independentistas, al pedir una salida dialogada y legal. Error tremendo que le va a costar muchos votos por alinearse con Unidos Podemos y con el Govern catalán. No entiendo a Pedro, siempre en la idea del federalismo, mas ruptura españolismo. En Alemania están que se matan por culpa del federalismo.

Ramón Fernández Palmeral

martes, 19 de septiembre de 2017

Artículo de Suso de Toro en la prensa de Ara


Mariano Rajoy se ha dirigido a la opinión pública española protagonizando el momento más alto de un relato escrito y dirigido por él. Su exposición, hablando en nombre de la democracia, la convivencia y el reconocimiento de la pluralidad, es la mayor perversión posible de todo ello, pues son él y su partido los grandes responsables de que un conflicto político, creado por ellos mismos, esté en estos momentos transformado en un problema judicial, institucional y, probablemente, de orden público. Son Rajoy y su partido los artífices de la crisis institucional del Reino de España.

Fue Rajoy quien inició el proceso que llega a hoy. Rajoy, el hombre de los 4 millones de firmas y de la denuncia del Estatut ante un Tribunal Constitucional del que apartaron a un juez catalán y prorrogaron irregularmente el mandato de los magistrados. Su campaña de agitación del españolismo centralista y sus maniobras para combatir el autogobierno catalán, como antes habían hecho con los vascos, y desgastar así al gobierno de Zapatero tuvo como resultado que un Estatuto votado por el Parlamento catalán y refrendado en referéndum fuese manipulado y amputado de forma humillante por ese Constitucional ad hoc.

En su declaración tuvo cuidado de presentarse como dialogante y acusar a Puigdemont de negarse al diálogo. No se puede tener más cara dura. Llegó en esta ocasión a reconocer que la Constitución podía ser reformada, cuando se negó a facilitar alguna forma políticojurídica que permitiese una votación. No se puede tener más cinismo. Pero todo tiene su explicación y su origen. Sin duda todo es un conflicto de intereses entre los identificados con la corte y los identificados con Cataluña, pero el lado ideológico y personal es el triunfo del posfranquismo y la revancha de Mariano Rajoy, un político que se inició combatiendo esta Constitución y que finalmente llegó a apoderarse no solo del Gobierno y su administración sino del estado resultante, del Tribunal de Cuentas a la Justicia entera, haciendo del Tribunal Constitucional un arma sectaria.
Rajoy transformó un conflicto político en un pleito judicial porque sabe que la justicia y el estado son suyos
Rajoy lo consiguió. Quien combatió la Constitución y los Estatutos de las nacionalidades expulsó a Cataluña del consenso constitucional y ahora pretende, a través de las querellas criminales de “su” fiscal general, inhabilitar o incluso encarcelar al Gobierno catalán y a la mesa del Parlament. Como esa amenaza se extiende también a los 947 alcaldes, no hay duda de que Rajoy está dispuesto a ilegalizar Cataluña si no se le rinde, cual Conde Duque de Olivares. Supongo que la Generalitat tendrá que pensar en regresar al exilio como una posibilidad.
No hay nada que no haya sido calculado en ese camino desde que en 2015 aprobó con su mayoría absoluta una reforma exprés de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Rajoy utiliza perversamente las leyes para acabar con la democracia, transformó un conflicto político en un pleito judicial porque sabe que la justicia y el estado son suyos.
Cuando alguien hable de golpes de estado y quiera hablar con verdad, que repase cómo el PP se ha apoderado paso a paso del estado. Y unos transigen, otros tragan y otros son cómplices. Pero no olvidemos que Rajoy es el dueño de ese relato y que existe vida fuera de él. No es casualidad que en este mismo día sepamos que de los 40.000 millones que entregó a la banca apenas recuperaremos nada. Y para esto tampoco hubo referéndum.
Por cierto, ¿qué piensa el PNV?


..........................Comentario de Ramón Palmeral.......................

En este artículo, del independentista Suso de Toro, en "Ara" lo único que hace es intentar desligitimar a Mariano Rajoy y al Estado Español. El Estato  Autonomico de 2006 era inscontitucional, decía que Cataluña era una nación, y quería también y para sí el Poder Judicial. El contitucional lo reformó en 2010. ERC nunca ha querido reconocer esta sentencia.

Lo único que le pido a Suso de Toro es que se lea el art. 1. 2 de la Constitución española que dice que la "soberanía nacional reside en el pueblo español".  Y la Constitución de 1978 sigue en vigor, y más viva que nunca. 

Suso saca ahora mismo tu DNI, y mira a ver qué dice, si eres español o catalán.

Entonces, Suso me respondería que la Constitución ella sola se ha desligitimado para los catalanes, y que a él no le mandan los franquistas o los fachas, porque para los independientes, todos aquellos que vamos en contra de ellos, o somo unionistas, somos franquistas, fascistas o charnegos.

Suno del Toro nada dice, silencia, el golpe de estado del Parlament catalán a la democracia. Desoyendo a la oposición. Y con una presidenta Carne Forcadell, que parecía la ministra de relaciones publica del Govern. Y recusó al Tribunal Constitucional.

El conflicto político lo ha iniciado el Govern catalán. Solamente hay un tren que va a pegarse una bofetada contra un muro.
Ahora resulta que las víctimas es la Autonomía Catalana. Los Puigdemont, Los Junqueras y los Forcadell.

?Por qué no se puede autorizar una consulta o un referéndum de autonomía pactado con el gobierno? Porque el gobierno de Rajoy no puede incumplir el artículo 1.2 de la Constitución. Porque autizar la consulta depende del Congreso y el Senado. Y si se autorizara implicaría reconocer el resultado de referéndum, y si saliera el sí, España lo ha de reconocer, y se quedan con 32.200.000 km 2, de España, con los puertos, aeropuertos, trenes y carreteras por la jeta. O con un pago de 100.000 M de euros. Que no pagarían nunca.