Domingo, 15 de octubre 2017
Nuestra posición (La Vanguardia) ante estas presiones es clara: el presidente de la Generalitat no debe atenderlas. Por distintos motivos. El primero es que anular esa suspensión de la independencia forzaría al Estado a aplicar de modo inmediato el artículo 155 [de la Constitución]. No se descarta que finalmente lo haga. Pero desde la Generalitat no debería empujársele. Y es por ello que confiamos, también, en que el president responda mañana al requerimiento que le formuló el Gobierno del modo más conveniente con tal objetivo. El segundo motivo es que el president tejió en su día una elaborada decisión al respecto, buscando la solución de compromiso, hecha pública en la sesión parlamentaria del 10-O, tras evaluar consultas con dispares agentes del mundo económico, empresarial, social y político preocupados por las consecuencias de una DUI. Y también, que desde entonces no se han producido cambios que justifiquen su reversión, más allá de las prisas o el tacticismo independentistas. El tercer motivo, y acaso más importante, es que en la actual coyuntura el president debe comportarse con una prudencia exquisita, usando las luces largas, atendiendo a las necesidades del conjunto de la sociedad. Si algo no debe hacer ahora es tensar más la cuerda. En especial, cuando la realidad económica, ante la posibilidad de una DUI, se ha deteriorado mucho y augura, en el mejor de los casos, largos años de recuperación.
Nuestra posición (La Vanguardia) ante estas presiones es clara: el presidente de la Generalitat no debe atenderlas. Por distintos motivos. El primero es que anular esa suspensión de la independencia forzaría al Estado a aplicar de modo inmediato el artículo 155 [de la Constitución]. No se descarta que finalmente lo haga. Pero desde la Generalitat no debería empujársele. Y es por ello que confiamos, también, en que el president responda mañana al requerimiento que le formuló el Gobierno del modo más conveniente con tal objetivo. El segundo motivo es que el president tejió en su día una elaborada decisión al respecto, buscando la solución de compromiso, hecha pública en la sesión parlamentaria del 10-O, tras evaluar consultas con dispares agentes del mundo económico, empresarial, social y político preocupados por las consecuencias de una DUI. Y también, que desde entonces no se han producido cambios que justifiquen su reversión, más allá de las prisas o el tacticismo independentistas. El tercer motivo, y acaso más importante, es que en la actual coyuntura el president debe comportarse con una prudencia exquisita, usando las luces largas, atendiendo a las necesidades del conjunto de la sociedad. Si algo no debe hacer ahora es tensar más la cuerda. En especial, cuando la realidad económica, ante la posibilidad de una DUI, se ha deteriorado mucho y augura, en el mejor de los casos, largos años de recuperación.
La radicalidad de ciertos actores del proceso, sumada a
la inercia de este, parece estar incapacitándoles para darse cuenta de
los graves efectos que tendrá para todos lo que ya sucedió en
septiembre, lo que ha sucedido en octubre y lo que puede suceder antes
de que termine el mes. Con ellos basta y sobra. Estamos atrapados en una
deriva infernal que fácilmente puede conducir a enfrentamientos
indeseables. El camino institucional seguido para llegar hasta aquí ha
tenido mucho de despropósito. Fue un dislate aprobar las leyes de
desconexión, los días 6 y 7 de septiembre, contraviniendo la
Constitución y el Estatut, ninguneando a la oposición. Fue un error la
convocatoria y el desarrollo del referéndum del 1-O. Es cierto que
muchos catalanes acudieron a él ilusionados, asumiendo riesgos con tal
de votar. Pero también lo es que hubo que recurrir a un censo universal.
Que la Sindicatura Electoral llamada a controlar la jornada fue
desmantelada antes de poder hacerlo. Que incluso los observadores
internacionales invitados por los convocantes del referéndum pusieron en
duda su efectividad.
Pese a todo ello, las autoridades catalanas presentaron el
resultado de la consulta, recontada sin garantías, como la prueba de que
el pueblo catalán se había ganado el derecho a la independencia.
Hicieron mucho hincapié, y aquí sí tenían razón, en que la represión
policial desplegada en los colegios electorales fue desmesurada. También
el delegado del Gobierno en Catalunya lo reconocería posteriormente.
Pero, por más que el independentismo presentara la represión sufrida
como un acto legitimador, no lo fue. Lo determinante ese día fue que el
referéndum se llevó a cabo sin garantías y que, por tanto, no conlleva
mandato alguno. Seamos serios. Votaron, según los organizadores, 2,3
millones de catalanes, menos de la mitad de los convocados [algunos votaron varias veces]. Votaron con
gran ilusión, sí, con tenacidad y asumiendo riesgos. Pero sin el aval de
una junta electoral imparcial. Se hace difícil entender que un
movimiento [independentista] que ha hecho de la democracia su bandera y se ha arropado en
ella para defender el derecho a decidir proceda con manifiesto desdén
por la ley que guarda la democracia.
La situación es muy delicada. Cualquier iniciativa de los
radicales puede complicarla todavía más. Lo que de veras buscan las
voces que animan a activar ahora mismo la independencia es agudizar el
conflicto. Es no dejar al Estado otro remedio más que aplicar el
artículo 155, con el mayor rigor y alcance posibles. Es propiciar el
“cuanto peor, mejor”. Es desplazar el conflicto de parlamentos y
despachos a la calle. La volatilidad a la que nos expondríamos, de
materializarse tal hipótesis, es poco controlable y muy elevada. La
negra esperanza que albergan algunos activistas es ni más ni menos que
crear una situación de conflicto callejero lo suficientemente grave como
para forzar al Estado a retroceder y doblegarse ante las demandas del
soberanismo. Como si una cosa llevara a la otra rápidamente o sin coste
alguno. Como si el Gobierno no dispusiera de instrumentos para sofocar
lo que acaso ya no sería una revolución de las sonrisas, pacífica, sino
una subversión de potencial destructivo. Quienes buscan el
enfrentamiento civil, desde la sombra, sin haber sido elegidos ni tener
cargo público, merecen la mayor reprobación.
El president Puigdemont es sin duda consciente de todo
ello. Como lo son la mayoría de los catalanes que valoran la
convivencia, ahora dañada, como el más preciado patrimonio común. La
independencia puede ser para muchos un anhelo central. Pero no justifica
el presente deterioro económico, ante el que los responsables de las
cuentas catalanas exhiben un silencio inaceptable. Y mucho menos
justificaría un enfrentamiento entre catalanes. Nadie comprendería que
para hacer un país mejor, como pretenden los independentistas, lo
empeoráramos hasta ese extremo. No nos lo podemos permitir.
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Opinión de NUEVO IMPULSO.....................
El presidente del Gobierno Marinao Rajoy, tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución según el juramento que hizo al tomar su cargo ante El Rey FelipeVI y el Jefe del Estado.
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Opinión de NUEVO IMPULSO.....................
El presidente del Gobierno Marinao Rajoy, tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución según el juramento que hizo al tomar su cargo ante El Rey FelipeVI y el Jefe del Estado.
