ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.

jueves, 28 de mayo de 2020

EL FRAP era un grupo terrorista segun Wikipedia fecha 28-05-2020.

Ser terrorista no quiere decir que seas un asesino, si el FRAP fue un grupo terroristas según Wkipedia, entre 1973 a 1975, el padre de Pablo Iglesia (vicepresidente del gobierno de Sánchez) lo era, y militó por pertener al grupo, pero no era un asesino, sino un subversivo terrorista dedicado  a repartir propagadan y estuvo en la cárcel. Pero si no pudo bomba colaboró para que se cometiera los asesinatos.

 Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

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Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (bandera).png
Bandera usada por el grupo

Operacional1973-1978
Liderado porJulio Álvarez del Vayo (hasta 1975)
ObjetivosEstablecimiento de una República Popular y Federativa en España
Regiones activasEspaña
IdeologíaMarxismo-leninismo, antirrevisionismo, republicanismo
Brazo políticoPCE (m-l)
EstatusDisuelto

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue una organización terrorista123española de ideología antifascista y con vocación frentista creada en 1973, a finales del régimen franquista, por el Partido Comunista de España (marxista-leninista), con la colaboración del exministro republicano Julio Álvarez del Vayo y su grupo, la Unión Socialista Española. Utilizó la violencia con el propósito de crear un movimiento popular en España. Tres de sus militantes fueron parte de los cinco últimos fusilados por la dictadura el 27 de septiembre de 1975. El FRAP se disolvió por orden del PCE (m-l) en 1978.

Historia

El PCE (m-l) fue la primera escisión en el seno del Partido Comunista de España (PCE). La promovieron en 1964 una agrupación de militantes que rechazaba la política de reconciliación nacional que promovía Santiago Carrillo, tendente a conseguir un fin pacífico del franquismo, llegando incluso a acuerdos con sectores del propio régimen.4​ El PCE (m-l) mantenía que la conquista de las verdaderas libertades democráticas en España «sólo vendría de un mayor impulso de la lucha, de la radicalización y de la capacidad popular para imponer su solución democrática y republicana frente al horizonte monárquico y continuista que se preparaba». Desde su nacimiento, el PCE (m-l) alentó la táctica frentista en sus concepciones políticas de lucha contra la dictadura.5​ Por su lado Julio Álvarez del Vayo fundó la Unión Socialista Española y posteriormente el Frente Español de Liberación Nacional (FELN), organizaciones poco activas que, junto con el PCE (m-l) crearon el FRAP, siendo Álvarez del Vayo elegido presidente del mismo, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.6
El FRAP se constituyó formalmente en noviembre de 1973, pero tiene su origen dos años antes, el 23 de enero de 1971, cuando se produjo una reunión decisiva para su creación. Se celebró en París, en un piso propiedad del dramaturgo estadounidense Arthur Miller,7​ amigo personal del que fuera ministro del PSOE durante la guerra civil española, Julio Álvarez del Vayo, y en el que residía circunstancialmente en compañía de su esposa, Luisa Graa. En esta reunión se concretaron los seis puntos programáticos en los que se basaría el FRAP:
  1. Derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo estadounidense de España mediante la lucha revolucionaria.
  2. Establecimiento de una República Popular y Federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para las minorías nacionales.
  3. Nacionalización de los bienes monopolísticos y confiscación de los bienes de la oligarquía.
  4. Profunda reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios.
  5. Liquidación de los restos del imperialismo español.
  6. Fundación de un Ejército al servicio del pueblo.
Entre 1971 y 1973 se formó una amplia red de comités pro-FRAP impulsados en el mes de abril de 1973 con la celebración del primer congreso del PCE-ML en Italia. La constitución formal del FRAP tuvo lugar el 24 de noviembre de 1973, en una Conferencia Nacional celebrada en París, en la que Julio Álvarez del Vayo fue elegido su presidente y se ratificaron sus puntos programáticos.8​ La declaración fue firmada por diversas organizaciones:
Esta unión de partidos y organizaciones era en realidad artificial, puesto que todas fueron creadas por el PCE (m-l) o cercanas ideológicamente y éste tenía miembros de control en todas ellas.9
Desde sus orígenes protagonizó múltiples acciones contra la dictadura y denunció abiertamente la política, calificada de revisionista, seguida por la dirección del PCE y su entonces secretario general Santiago Carrillo, acusados de haberse apartado de la teoría y de la praxis marxista, cayendo en un denominado "reformismo posibilista", con el objetivo de llegar a compromisos con sectores de la dictadura franquista. También denunció la desestalinización de la URSS, calificando al renovado régimen soviético de "social-imperialista", al tiempo que tomaba como modelos a la Unión Soviética de Stalin y apoyándose ideológicamente en los regímenes de la República Popular de Albania y la República Popular China, esta última hasta la muerte de Mao Zedong en 1976.10
Hacia 1973 funcionaban con regularidad organizaciones promovidas por el FRAP entre el profesorado, la Unión Popular de Profesores Demócratas (UPPD), y entre los artistas e intelectuales, la Unión Popular de Artistas (UPA), cuya participación en las huelgas de actores de los últimos años del franquismo sería de gran importancia junto con su publicación, Viento del Pueblo, realizada clandestinamente en Madrid a serigrafía y a varios colores. En Viento del Pueblo colaboró anónimamente el dramaturgo Alfonso Sastre, entre otros, con algunas de sus poesías satíricas dedicadas al príncipe sucesor Juan Carlos de Borbón.[cita requerida]

Acciones violentas

El 1 de mayo de 1973 tuvo lugar la primera acción violenta del Comité pro-FRAP, cuando en las manifestaciones celebradas en Madrid convocadas por el PCE (m-l) y el Comité Coordinador pro-FRAP fue asesinado Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años, subinspector de la Brigada Político-Social (BPS),11​ tras ser apuñalado en los enfrentamientos que se producen entre la Policía franquista y los manifestantes en las cercanías de la Estación de Atocha.12
En el verano de 1975 los análisis políticos del FRAP le llevan a cometer atentados, que califican de "lucha armada" o "ataques" contra miembros de la policía política y de la Guardia Civil. El 14 de julio de 1975 alcanzan su punto culminante en Madrid, cuando un comando del FRAP asesina de ocho disparos de bala a Lucio Rodríguez Martín, agente de la Policía Armada con un año de antigüedad en el cuerpo que prestaba servicio de vigilancia en las oficinas de la compañía Iberia.13​ El 19 de julio el FRAP perpetró otro atentado en la calle Gómez-Ortega contra el policía Justo Pozo Cuadrado, al que alcanzaron con cinco disparos, pero sobrevivió al atentado. En agosto varios miembros del FRAP asesinan al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.14
Como consecuencia fueron detenidos numerosos militantes y se celebraron dos consejos de guerra, en los que se condenó a muerte a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz), en un juicio celebrado en la base militar de El Goloso, de Madrid,15​ y dos de ETA político-militar (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui). En su edición del 5 de septiembre de 1975, el diario La Vanguardia Española relacionaba entre los 36 miembros detenidos al que posteriormente sería presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y en su edición de 2 de junio de 1976 otra nota de la policía notificaba la detención de Rafael Blasco Castany, más tarde consejero de la Generalidad Valenciana por el Partido Popular.16
Los fusilamientos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 y fueron los últimos de la dictadura. Las manifestaciones de rechazo y condena del régimen franquista fueron numerosas en todo el mundo, acentuando el aislamiento internacional del régimen franquista.
El 14 de septiembre, el FRAP asesina al peluquero del II Escuadrón de Caballería de la Policía Armada, Juan Ruiz Muñoz, en la Vía Favencia de Barcelona, y el 29 de septiembre matan, también en Barcelona, al policía Diego del Río Martín, que recibió cinco impactos de bala en el estómago y un sexto en la cabeza, y hieren gravemente a su compañero Enrique Camacho Jiménez.
Opuestos a todo tipo de pacto, incluso con militares demócratas como la Unión Militar Democrática o la Iglesia progresista, su intransigencia llevó al FRAP a estar cada vez más apartado de los pactos y movimientos políticos que se estaban dando en la oposición a la dictadura. El triunfo de la operación de reforma política y la nueva situación llevó a su fin y a su disolución en 1978.

Víctimas mortales

Fecha Víctima Cuerpo
1 de mayo de 1973 Juan Antonio Fernández Gutiérrez Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Madrid)
27 de septiembre de 1973 Francisco Jesús Anguas Barragán Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Barcelona)
14 de julio de 1975 Lucio Rodríguez Martín Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Madrid)
16 de agosto de 1975 Antonio Pose Rodríguez Guardia Civil (Madrid)
14 de septiembre de 1975 Juan Ruiz Muñoz Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Barcelona)
29 de septiembre de 1975 Diego del Río Martín Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Barcelona)

Véase también

Según explica Vilariño, “no deberían dimitir guardias civiles con una hoja de servicio intachable y una carrera ejemplar”.

La directora de la Guardia Civil, desaparecida en una de las peores crisis de la Institución

Los agentes llevan meses denunciando el abandono de María Gámez y exigen su dimisión y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska



Toma de posesión de la nueva directora general de la Guardia Civil
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la toma de posesión de la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez. Junto a ellos, el teniente general de la Benemerita, Laurentino Ceña/Foto: J.J. Guillén/EFE


“Diálogo, trabajo y consenso”. Tres palabras que definían el compromiso de María Gámez tras ser nombrada directora general de la Guardia Civil en enero de este mismo año. Tres palabras que se han ido diluyendo conforme pasaba el tiempo y que a día de hoy carecen de sentido alguno [que no ha cumplido]. Marlaska quería una mujer socialista florero, y lo consiguí].
La primera mujer en la historia que ocupaba ese cargo y que llegaba para arreglar la terrible crisis provocada por su antecesor Felix Azón, a cuenta precisamente de la equiparación salarial, se ha desvanecido [se la desmayado].

 Nada se ha sabido de ella durante la terrible pandemia y nada se sabe de ella ahora, cuando el Cuerpo sufre una de las peores crisis de su historia. [por acoso del poder socialista y el silencio de Pedro Sánchez].

El polémico cese del máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Laurentino Ceña, y el relevo del teniente general, Fernando Santafé, han provocado una conmoción sin precedentes del Instituto Armado. Crisis que se agrava por la “absoluta inacción” de su máxima responsable, María Gámez [directora general].

En estos cuatro meses de mandato no ha dado explicación alguna a la avalancha de críticas de los agentes, que se han sentido “abandonados y desprotegidos” durante la pandemia de coronavirus. Y tampoco ha dado la cara ahora, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha removido los cimientos de una Institución con 176 años de historia ejemplar.
Todas las asociaciones de la Guardia Civil, sin excepción, han mostrado su malestar ante este devenir de movimientos en la cúpula organizativa. El cese de su número uno, Pérez de los Cobos, provocó un clamor al unísono de todos los agentes, que se vieron una vez más vapuleados por el Gobierno ante la pasividad de su máxima responsable. Desde JUCIL, su secretario general, Ernesto Vilarino, denuncia que esta crisis “es más grave de lo que quiere hacer ver el ministro del Interior", por lo que solicita de forma urgente "explicaciones por parte del señor Marlaska y la señora Gámez”.

La dimisión de Gámez y Grande-Marlaska

Y va más allá, al señalar que “las dimisiones no se deberían estar viviendo en el seno policial de la Guardia Civil sino en los despachos del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil”. Y es que, según explica Vilariño, “no deberían dimitir guardias civiles con una hoja de servicio intachable y una carrera ejemplar”. Una situación denunciada por todas la asociaciones, a la que hay que sumar el hecho de que estos cuatro meses con María Gámez al frente de la Institución no hay salido en defensa del “honor de sus agentes” ni una sola vez.
Pero no es la primera vez que se alerta sobre la “inacción” de Gámez. En abril, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tuvo que recurrir a los tribunales ante la falta de respuesta a sus solicitudes en plena crisis por el coronavirus. Tanto es así que remitieron un “requerimiento formal” a la directora general para que contestase de una vez por todas. Requerimiento que cayó en saco roto. Y es que no sólo no responde a los agentes sino que tampoco ha dado explicación alguna a los medios por su gestión en la crisis del coronavirus. Mucho menos ahora, con la que está cayendo.

¿Quién es María Gámez?

Vinculada al PSOE de Málaga, María Gámez ha ocupado diversos puestos en el Gobierno andaluz y alcanzó relevancia con motivo del dispositivo de rescate de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga). Cuando ocurrió la tragedia en enero de 2019, Fernando Grande-Marlaska ya ocupaba la cartera de Interior del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Su incursión en la vida política llegó en el año 2004 cuando fue nombrada delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, coincidiendo con su afiliación al PSOE.
Cuatro años después, fue nombrada delegada del Gobierno andaluz en Málaga. Desde ese cargo, saltaría a la política municipal para presentarse como candidata a la Alcaldía de Málaga. Tras dos intentos fallidos, decidió retirarse temporalmente de la política. Pero su apoyo en tiempos bajos a Pedro Sánchez, tuvo su recompensa y fue nombrada subdelegada del Gobierno en Málaga, siendo la primera mujer que ostentaba ese cargo. Y de ahí su salto a la cúpula de la Guardia Civil de la mano de Grande-Marlaska.
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La Razón

La playas en Alicante: paso libre de 10 metros junto al mar, policía, cámaras y app para controlar aforos

La playas en Alicante: paso libre de 10 metros junto al mar, policía, cámaras y app para controlar aforos


28/05/2020 - 
ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante comienza a encajar las piezas de su protocolo para la reapertura al baño de las playas en cuanto se produzca el avance a la Fase 2 del proceso de desconfinamiento, previsto, en principio, para este próximo lunes, 1 de junio. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que ese protocolo, en el que se sigue trabajando con la previsión de que pueda completarse este viernes, comprende medidas concretas, que se irán implementado de manera progresiva, entre las opciones sugeridas por Turisme Comunitat Valenciana en la guía de recomendaciones facilitada a los ayuntamientos para que arbitren los mecanismos de control de aforo que consideren oportunos a su elección
Así, todo parece indicar que la autorización del baño podría producirse desde este mismo lunes (siempre condicionado al pase a la Fase 2), mediante un sistema de control de accesos convencional, de vigilancia presencial, con la participación de la Policía Local. Sobre todo por dos circunstancias básicas. La primera, que todavía no se permite la movilidad entre provincias (no se contempla hasta finales de junio) por lo que no se espera una afluencia masiva de visitantes que pueda generar problemas en el cumplimiento de las distancias de seguridad para evitar riesgos de contagio. Y la segunda, que se requiere al menos un plazo de entre diez y quince días para implementar los instrumentos tecnológicos necesarios que permitan monitorizar la ocupación de las playas en tiempo real.
¿De qué sistemas se trata? En primer lugar, respecto a ese control de aforos, el Patronato Municipal de Turismo y el departamento de Nuevas Tecnologías tratan de perfilar la implantación de una aplicación compatible con el ordenador y los teléfonos móviles -que podría activarse incluso mediante llamadas al call center municipal- en la que se permita conocer el estado de ocupación de los arenales de la ciudad e, incluso, la posibilidad de reservar espacio con antelación
Hasta el momento no se ha escogido la app concreta por la que se acabará apostando entre las múltiples opciones que se han ido dando a conocer en las últimas semanas. Incluida, la anunciada por la propia Generalitat. De hecho, los técnicos del área de Nuevas Tecnologías también han planteado un desarrollo propio, con un coste menor respecto a las alternativas desarrolladas desde el sector privado, entre las que se ha recopilado a través de un estudio de mercado para conocer las capacidades y los costes de cada una de ellas.
Según las mismas fuentes, en último término, los factores determinantes que se valorarán para decidir entre esas distintas opciones son la eficacia a la hora de medir la concentración de personas y la facilidad de uso para el bañista, así como la rapidez para su implantación, ya que el propósito es que el sistema pueda quedar activado en el menor plazo posible y sin que se disparen los costes económicos para su puesta en marcha.
Se trata de la solución genérica para el conjunto de los arenales de la ciudad, sobre todo, los de mayores dimensiones, como la Playa de San Juan o Urbanova. Pero, además, en segundo lugar, como avanzó la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), en la presentación del Plan Estratégico de Turismo, el pasado miércoles, se contará con un sistema específico para la vigilancia de la capacidad de carga concreta de la playa de El Postiguet, a partir del convenio de colaboración suscrito con Aguas de Alicante durante la última edición de Fitur. Se trata del proyecto iON Beach: un sistema basado en el uso de inteligencia artificial mediante visión computerizada, que requerirá la instalación de equipamiento especializado (cámaras de vídeo de alta definición, un procesador industrial y un equipo de comunicaciones), en una ubicación estratégica como la terraza del Hotel Meliá.
El protocolo se aplicará de manera progresiva, de modo que primero se recurrirá al control presencial, con vigilancia policial, hasta que se puedan implantar los mecanismos tecnológicos
Mediante ese equipamiento, se podrá desarrollar dos algoritmos para la estimación del porcentaje de ocupación de la playa, así como la detección de bañistas y objetos en zonas de riesgo (como la zona de rocas del espigón junto a los establecimientos hoteleros). Como se concretó durante la firma del convenio de colaboración, el pasado enero, en un futuro se pretende desarrollar un tercer algoritmo para la predicción de la ocupación de la playa y la previsión meteorológica.
¿Por qué se adopta esta solución específica en el caso de El Postiguet? Primero, porque se trataba de un proyecto ya previsto desde principios de año, al que solo se debe dar el último impulso para poder implementarlo. Y segundo, porque la actuación en El Postiguet se considera fundamental, en la medida en que se trata de la playa más céntrica en la que se estima que podría producirse una mayor concentración de usuarios por las facilidades de acceso que ofrece su emplazamiento. 
Por el momento, eso sí, no se contempla la posibilidad de recurrir a otra fórmula tecnológica de control de aforo basado en la captura de imágenes mediante drones, ya que, según las mismas fuentes, la zona de influencia del aeropuerto de El Altet prohíbe su vuelo tanto en Urbanova como en El Postiguet.
En cualquier caso, el sistema de control de aforos mediante app y cámaras de visión inteligente siempre continuará requiriendo de un complemento imprescindible: el refuerzo en el número de efectivos de la Brigada de Playas de la Policía Local -desplegada durante la campaña de verano al menos durante los últimos cuatro años- con el propósito de supervisar los accesos a los arenales y de velar por el cumplimiento de las distancias entre los usuarios de la playa. 
Para delimitar las distancias de seguridad, se apuesta por un sistema de balizamiento similar al de una pista de esquí, que no interfiera la labor de limpieza y cribado de la arena
Turismo también está ultimando el sistema adecuado para delimitar una zonificación de la superficie seca de la playa, de modo que se garantice una separación física de más de dos metros, al margen de la creación de pasillos independientes de entrada y de salida. En principio, se apuesta por delimitar espacios para cada uso permitido mediante la señalización de la arena con un sistema de balizamiento similar al de las pistas de esquí, sin que se obstaculice el desarrollo de las tareas diarias de limpieza y cribado de la arena.
En esa zonificación ya se ha decidido apostar por una ampliación de las dimensiones de la franja que debe permanecer despejada entre la lámina de agua y el área habilitada para la colocación de sombrillas y toallas de los bañistas. Salvo cambio de criterio, el Patronato de Turismo prevé extender los 6 metros que figuran en las recomendaciones de Turisme Comunitat Valenciana para que ese corredor junto a la orilla alcance los 10 metros de amplitud, de modo que se favorezca el paseo de los bañistas sin incumplir la medida del distanciamiento. 
Al margen de ello, Turismo continúa a la espera de poder celebrar una reunión de coordinación con los ayuntamientos de El Campello y Elche con el fin de trazar procedimientos uniformes o similares al tratarse de tres municipios interconectados por sus playas. La reunión debía producirse este miércoles, aunque quedó aplazada por problemas de agenda. Esa cita podría celebrarse este jueves o el viernes.

martes, 26 de mayo de 2020

Los jueces también contra Marlaska: exigen que restituya a De los Cobos hasta que acabe la investigación

 

                         (Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos)

Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M







La investigación reservada se la pidió la jueza. 

Los jueces no son ajenos a la polémica destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ordenado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. [No se puede cesar a un jefe de comandancia mientra está en una investigación para aclarar la verdad. Está claro que el coronel el estorbaba al Gobierno de Pedro Sánchez].

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, ha exigido a Marlaska que «explique los motivos» de su decisión y que «restituya» al mismo en su puesto «hasta que finalice la investigación» por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 51 de la capital.

«Esperamos que no confluyan otras circunstancias que las apuntadas de ‘pérdida de confianza’, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal», en un tema que aparece «íntimamente relacionado con una instrucción penal en curso», advierten los miembros de la APM en un comunicado oficial emitido este martes.
Jueces y magistrados recuerdan a Marlaska que los «funcionarios policiales comisionados» por la autoridad judicial «para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices» que hubiesen recibido de la juez, sin interferencias de ningún otro tipo.






Es decir, los agentes han de responder exclusivamente frente al Juez Instructor y actuar conforme a sus indicaciones. «Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido» puede suponer «una interferencia en la función judicial» que afectaría al principio de «independencia constitucionalmente protegido» y que podría conllevar consecuencias penales, subraya el documento de la APM.

La destitución del coronel Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, por una supuesta «pérdida de confianza» en su labor, seguida de la dimisión del director adjunto de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, «refleja la gravedad de lo ocurrido» en las últimas horas, apuntan en su nota los jueces y magistrados de la principal asociación profesional de la judicatura de España.






«La profesionalidad, saber hacer, dedicación y absoluta lealtad de los agentes, probada día a día y en las circunstancias más complejas, es lo que permite a los Jueces» realizar su labor, añaden desde la APM. «Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza» de los ciudadanos en las instituciones judiciales y  favorecer futuros y «eventuales intentos de controlar» la actuación del Poder Judicial, concluyen.


Policía Judicial 
La Constitución Española protege la división de poderes y la independencia de la Justicia que «se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», remarcan los miembros de la APM en su nota.
«Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal siga en vigor, la instrucción de las causas penales corresponde exclusivamente a los Jueces» que para el desarrollo de las investigaciones pueden recurrir a la ayuda de los agentes de las Unidades de la Policía Judicial. Además, la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «precisa y blinda» a esos funcionarios policiales de manera que «no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma» o por decisión expresa del juez competente.
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Marlaska no puede estar por encima de los jueces ni de la Ley
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Lo último en España

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó ayer desvincular la destitución fulminante del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, de la investigación sobre la crisis del coronavirus en la que está imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco. La secuencia de hechos, a la que ha tenido acceso ABC, desmiente la versión de Marlaska. Ayer, el «número dos» del Cuerpo, Laurentino Ceña, presentó su dimisión porque no estaba de acuerdo con el cese y porque ni siquiera se contó con él antes de esa decisión.
La investigación, que ha provocado esta revolución en el Cuerpo, comienza tras la denuncia de un abogado, que por reparto
 cayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la misma del caso del máster de Pablo Casado. Tras su estudio, la magistrada la aceptó a trámite y ordenó diligencias. Pudo optar por la Policía -el supuesto delito se cometió en la demarcación de este Cuerpo-, pero escogió a la Guardia Civil, que conoce muy bien al pertenecer a ella su padre y uno de sus hermanos. En concreto, designó a la Policía Judicial de la Comandancia, dirigida por un capitán. Desde el primer momento Rodríguez Medel advirtió a este oficial de que las pesquisas eran secretas y que sólo podían informarle a ella de los resultados, entre otras razones «porque la persona implicada, el delegado del Gobierno, es una de las autoridades con las que trabaja la Benemérita». (ABC, 27 de mayo de 2020).
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Desilusiona a los jóvenes oficiales que una brillante carrera profesional poniendo en riesgo su vida, puede ser truncada por los caprichos políticos de un ministro de turno.

Pedimos la dimisión del ministro del Interior Grande Marlaska

Por una conducta impropia de un ministro que se quiere saltar las leyes respecto a la confidencialidad que al coronel Diego Perez de los Cobos (además es que del Estado Mayor) le exigía una jueza para evitar filtraciones, de acuerdo a la ley sobre la Policía Judicial. Sobre el el supuesto delito de prevaricación del delegado del gobierno de Madrid de Franco por autorizar la manifestación política del 8 de marzo, fis internacional de la mujer, sabiendo que desde la OMS se había pedido confinamiento por coronavirus en febrero. La cadena se ha roto por el lugar más débil de un funcionario público ejemplar sobre todo por la rebelión del 1 o en catsluña.
Marlasca contenta a ERC que le tenían ganas pues sus manifestaciones an el juicio otsl del TSJ, fue clave para condenar a los artífices de proceso. Los independentistas estan ahora celebrando el cese del coronel, y quieren que sea jusgado, increible. El mundo al revés.
La actitud de Marlaska, en inconcebible, saltándose ma etica y la moral, y a la directora general de la Guardia Civil, una señora de PSOE que está desaparecida.
Pedimos la dimisión del ministro indofacto. El responsable último es Pedro Sanchez de mantenerlo en su puesto.
La Guardia Civil es el caballo de Atila contra la corrupción en España. El honor es su principal divisa y ni se casa con nadie y menos a nivel oficiales, jefes y generales. Habrá dimisiones a alto nivel. Porque hay ruidos de sables. El teniente general de la Guardia Civil Laurentini Cens ha dimitido de su cargo de número 2.
El ministro no puede estar por enciam de la Ley, ni de los jueces.
Marlaska es el peor ministro del Interior de la democracia.
A nuestra petición se une la del PP, Cs y Vox. No se puede cesar a un policía judicial mientras está al cargo de una investigación, según la ley.
Se supone que el PSOE proclamaba la transparencia como una de una de sus condiciones.

RAMON PALMERAL


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido este lunes al que era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid , el coronel Diego Pérez de los Cobos. El cese se produce, según fuentes ministeriales, por “pérdida de confianza”.
Según fuentes del instituto armado, a pesar de que la razón oficial del ministerio sea la pérdida de confianza, la razón real ha sido “no plegarse a los deseos del Gobierno” en los informes que la Unidad que dirige Pérez de los Cobos ha realizado sobre los contagios en las manifestaciones del 8-M.
Según fuentes jurídicas, la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid entregó el pasado jueves un informe requerido por la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La instructora, Carmen Rodríguez-Medel, abrió diligencias por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión al permitir a principios de marzo, hasta el día 14 que se declaró el estado de alarma, una serie de manifestaciones, actos públicos y concentraciones a pesar de existir un claro riesgo de contagio por coronavirus.

Maletar en la Guardia Civil. Un Cuerpo que siempee cumple con su deber, pense a quien pese,

¿Dónde esta la Directora General de la Guardia Civil? Es una titere en manos de Marlaska, que para eso la puso para que fuera una mujer florero.

 

El número 1 de la Guardia Civil dimite sólo 24 horas después de que Marlaska purgara a De los Cobos





El general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, ha presentado su dimisión ante el Ministerio del Interior 24 horas después de conocerse la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a compartir información sobre la investigación judicial del 8-M, causa en la que ha sido imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El general Ceña ha presentado su dimisión tal sólo un día después de que se conociesen los detalles de la destitución de su subalterno y jefe de la Comandancia de Madrid.
Ceña ha sido uno de los miembros del comité técnico que participaban diariamente en las ruedas de prensa por el estado de alarma. Dejó de hacerlo tras contraer el coronavirus, dejando paso al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago.




El DAO Ceña era, orgánicamente, el número uno operativo de la Guardia Civil, sólo tras la directora general, María Gámez. Ceña era el cargo de la Guardia Civil de más alta responsabilidad, ya que la directora general es civil y nombrada directamente por el Gobierno.
El general Ceña iba a pasar la próxima semana a situación de retiro. Sin embargo, ha adelantado su salida de la jefatura del Cuerpo. Fuentes de la Guardia Civil vinculan directamente su dimisión «irrevocable» con la purga del coronel Diego Pérez de los Cobos ejecutada por Marlaska.




Pérez de los Cobos fue apartado de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid después de que el pasado domingo sus superiores jerárquicos le pidiesen información sobre la causa del 8-M que investiga si el Gobierno prevaricó al permitir la manifestación feminista a sabiendas de que el coronavirus era ya una amenaza grave.
La causa, que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, es secreta y la juez Carmen Rodríguez-Medel ha exigido a la Guardia Civil que no se produzca ninguna filtración. Desde Interior se solicitó a De los Cobos que aportase información sobre ese informe de diligencias preparado por la Guardia Civil de Madrid y, al negarse, se el ministro de Interior ordenó su destitución.
Poco después, la jueza anunciaba la citación como investigado de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid y responsable de autorizar las marchas del 8-M en la capital en las que participaron 120.000 personas.
Además, De los Cobos estaba en la diana política de ERC y el separatismo en general ya que fue él quien dirigió la operación policial en Cataluña por el 1-O. Su testimonio en el Tribunal Supremo fue clave para la condena a los dirigentes del ‘procés’.


............................................. Otra noticias....................................

Marlaska justifica la purga en la Benemérita como «un nuevo impulso a la Guardia Civil»




En las últimas 24 horas no ha pasado nada según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro, otrora juez, ha justificado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como «un nuevo impulso a la Guardia Civil». En ese marco ha anunciado también el nombramiento de Pablo Salas Moreno como nuevo Director Adjunto Operativo tras la dimisión, hoy, de Laurentino Ceña.
El ministro dice que la destitución de De los Cobos «es un cambio basado en la confianza» que «no tiene ninguna otra cuestión u objetivo». No obstante, varias fuentes de la benemérita, acusan al ministro de relevar al máximo responsable del instituto armado en Madrid por el informe que acusa a varios miembros del Gobierno de autorizar la manifestación feminista del 8-M cuando eran conscientes de que la pandemia del coronavirus ya estaba en España.
Para Grande-Marlaska la salida de De los Cobos tiene como objetivo actualizar la estructura del cuerpo de seguridad. En la misma línea justifica también la dimisión, hoy, del DAO Laurentino Ceña. Según el ministro, estaba acordada la salida el máximo responsable operativo del cuerpo una vez acabada la crisis del coronavirus, ya que había cumplido la edad de jubilación.



El ministro socialista, que en las últimas horas ha sido acusado de injerencias dentro de la propia Guardia Civil, por haber reclamado el informe que realizaba el instituto armado como policía judicial, dice que «conozco muy bien las competencias de un ministro y las de un juez» y asegura que «no conjugaré nunca la palabra injerencia».
Marlaska les aumenta el sueldo



Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Interior ha querido sacar hierro a toda la polémica que envuelve el cese de De los Cobos y la indignación que ha provocado en el cuerpo anunciando una inyección de 247 millones de euros para el aumento de salario de todos los miembros de la Policía y la Guardia Civil.
Con esta partida, que Hacienda ya ha puesto a disposición de Interior, el ministerio quiere dar cumplimiento al pacto firmado por Mariano Rajoy en 2018 con los sindicatos, para equiparar la retribución salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen del Ejecutivo con las policías autonómicas de Cataluña, el País Vasco y Navarra. Cabe recordar que en marzo el Gobierno paralizó una iniciativa legislativa popular qué reclamaba ligar esa equiparación a los incrementos que puedan tener las policías autonómicas.
Los empleados públicos cobrarán, con efecto retroactivo, ese aumento que se ha aprobado hoy en la reunión ministerial. Marlaska ha justificado el retraso con «mucho tiempo de preparación» y «peleas con Hacienda». Por norma general los empleados de la seguridad pública recibirán un 20% más del sueldo que venían cobrando hasta ahora.
El ministro advierte que «la seguridad no la concebimos como un gasto, sino como una inversión». Además del aumento salarial, Fernando Grnade-Marlaska ha anunciado que «hemos hecho una inversión para actualizar las infraestructuras de la Guardia Civil».

 Desproporcionado cese un Jefe de Comandancia que cumple con su obligación de denunciar la prevaricación. La Guardia Civil cuando actua como Policia Judicial no tiene obligación de informar a sus mandos, sino a jueces y fiscales.


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. El ministro considera que ha existido una falta de lealtad por parte de Pérez de los Cobos al no haber informado este ni a sus mandos ni a la directora general ni a él mismo de la investigación que estaba abierta en relación con la expansión del Covid-19 en Madrid, en la que se trata de dilucidar, entre otras cosas, la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón y la posible responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid al autorizar reuniones y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo.
Las fuentes consultadas aseguran que Pérez de los Cobos no tenía por qué haber informado a sus superiores del contenido de la investigación, pero sí consideran que lo lógico es que se hubiese puesto en su conocimiento que se estaba trabajando en ese asunto. Otras fuentes consultadas precisan que fue la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, la que pidió al coronel que no informase absolutamente a nadie de esas pesquisas al afectar a un asunto extremadamente delicado y en el que podrían surgir presiones. Fuentes próximas al coronel, por el contrario, señalan que sí informó a la Dirección General.
Otros medios consultados por ABC consideran que se trataría de una acumulación de hechos lo que ha acabado con la destitución de Pérez de los Cobos, entre ellas la difusión de una orden de servicio del mando de operaciones en la que se pedía quitar las pancartas de los aledaños de la casa de Pablo Iglesias en su vivienda de Galapagar.

Interior se limita a confirmar que la destitución es por pérdida de confianza, pero lo cierto es que causó enorme malestar cuando trascendió la semana pasada parte del contenido del informe que está elaborando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, al frente de cuya Comandancia estaba hasta hoy el coronel Pérez De los Cobos. Ese informe, que no ha concluido, fue ordenado por la instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
La juez ordenó a la Guardia Civil un atestado que respondiera a varios cuestiones tras recibir una denuncia por la gestión de la crisis del Covid-19. Rodríguez Medel pide que se indague qué pasó con el informe del Centro europeo para el control y prevención de enfermedades en lo que a España se refiere y qué órgano oficial lo recibió en nuestro país, si es que lo hizo, además de qué difusión se hizo entre las autoridades. En concreto quiere saber si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid y los detalles del mismo.
En segundo lugar la jueza pregunta «si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna».

Responsabilidad por las manifestaciones

Las diligencias que solicitó la magistrada están encaminadas a determinar qué responsabilidad tuvieron la Delegación del Gobierno y el resto de órganos implicados al autorizar reuniones y manifestaciones entre el día 5 y el 14 de marzo y si se advirtió en algún momento de los riesgos sanitarios de todos esos actos multitudinarios que se celebraron (desde la manifestación del Día de la Mujer hasta el mitin de Vox en Vistalegre, aunque hubo muchos más).
La juez acaba su escrito, al que ha tenido acceso ABC, pidiendo a la Guardia Civil que hagan «cuántas diligencias se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan».
Pérez de los Cobos fue el encargado de coordinar el dispositivo policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Fue en 2006 cuando, por petición expresa de sus jefes, aceptó trabajar en el Ministerio del Interior como asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde ese momento ha sido una de las personas más influyentes del Departamento, fuera quien fuese el equipo que lo dirigiera.
Antes de llegar a Interior, Pérez de los Cobos estuvo destinado en la lucha contra ETA, donde participó en importantes operaciones. Ya como capitán, mandó la Jefatura de la Policía Judicial de la entonces 112 Comandancia de la Guardia Civil, con base en Tres Cantos, al mando de José Manuel García Varela, quien fue luego DAO y primer teniente general de la Benemérita, figura clave en su carrera. A continuación hizo el curso de Estado Mayor. De fina inteligencia, y amable en las formas, Pérez de los Cobos es definido como «una de las cabezas mejor amuebladas de Interior».

lunes, 25 de mayo de 2020

Criminal pandermia del virus coronado. Por Ramón Fernández Palmeral en LETRALIA


Criminal pandemia del virus coronado

• Lunes 25 de mayo de 2020

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Criminal pandemia del virus coronado, por Ramón Fernández Palmeral
Los viejos no sobramos, somos fundamentales.

Papeles de la pandemia, antología digital por los 24 años de Letralia
Este texto forma parte de la antología publicada por Letralia el 20 de mayo de 2020 en su 24º aniversario

1. Introducción

Aunque yo hubiera ideado una novela de ficción sobre esta pandemia que nos asfixia y nos mata, jamás hubiera podido inventar una realidad como la que vivimos, esta pesadilla gigantesca y mundial; de haberla escrito mis lectores me hubieran dicho que yo tenía muchas fantasías en la cabeza y que algo así nunca sería posible, puesto que en esta tercera guerra mundial el enemigo es invisible, porque la realidad siempre supera la ficción y lo sabían grandes novelistas como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo o nuestro Miguel de Cervantes...

Leer completo en la prestigiosa revista LETRALIA. Tierra de letras.  De escritores hispano- americanos.

Tiempos de reflexión sobre la condición humana. Artículo de Ramón Palmeral en Hoja del lunes

Tiempos de reflexión sobre la condición humana




Moais, Isla de Pascua (Fuente: https://elmundodepeapa.com/chile).
En el artículo de hoy no voy a hablar del coronavirus, ni de la pandemia, ni de que al final el Gobierno ha rectificado y no va a pedir una prórroga de 30 días del estado de alarma sanitario –porque era anticonstitucional– puesto que las prórrogas por el estado de alarma son de 15 en 15 días, no de 30 días porque sería un estado de excepción (art. 166.3 de la Constitución). Sáncheztein ha conseguido una prórroga hasta el 7 de junio gracias al apoyo de sus socios Unidas Podemos, más los aleros de los flancos Ciudadanos y del PNV. En cambio los socios que propiciaron la investidura han votado no, y amenaza ERC que nada será como antes y peligran los presupuestos generales. Ni tampoco voy a escribir de La Peste de Albert Camus, ni sobre los textos de Tucídides ni de Sófocles sobre la peste que asoló Atenas en el 430 a. C., ni de Homero sobre la epidemia que cita en La Ilíada, que diezmó a los griegos contra la ciudad de Troya (durante 10 años de asedio), ni tampoco de la gripe mal llamada española de 1918, porque estoy casando de lo mismo de siempre...

Leer completo en Hoja del lunes.com de Alicante 

Enlaza con la página de TANGATA O TE MOANA NUI

domingo, 24 de mayo de 2020

El desempleo juvenil, por Ramón Palmeral

   Archivado en: Opinión

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8BlancaEs

   El desempleo juvenil ha llegado a tal situación que es insostenible, por ello aumentan los populismos, los radicales y los descontentos. A esta situación se origina en una crisis mundial económica mal gestionada por los recortes que impone Bruselas desde sus despachos. Se sabía, de antemano, que si se atendían estas directivas de la Eurozona, el paro juvenil aumentaría. Como así ha sucedido. La Administración no ha sacado oposiciones, la oligarquía de las empresas del IBEX 35, no ha dado empleo, al contrario, los Bancos han despedido a muchos empleados, y para los profesores no se anuncian vacantes. Las petroleras tienes el grifo del empleo cerrado, no contratando gasolineros (dispensadores de combustible), con el autoservicio se conforman. Los hoteles no contratan a suficiente personal o camareros para sus negocios de restaurantes al convertirlos en autoservicios. Todos los males de una empresa parecen que pasan por reducir personal. Correos no contrata a suficientes carteros, y por ello la mensajería privada va en auge. La sanidad pública se ha ido privatizando y a tanto jóvenes médicos como licenciados en enfermería o fisioterapeutas han tenido que emigra al extranjero...

Caso Brugal

Da inicio del proceso previsto para el 30 de junio

El Plan General de 'Brugal': Alperi y Castedo preparan ya el juicio a un mes para intentar pactos


24/05/2020 - 
ALICANTE. Los dos exalcaldes de Alicante procesados en la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se inclinan por defender su inocencia durante la celebración del juicio, sin vislumbrar ningún acuerdo de conformidad como los firmados hasta ahora por los promotores Enrique Ortiz y Ramón Salvador. A poco más de un mes de la fecha señalada para el inicio de la vista -que debe arrancar con una primera sesión el próximo 30 de junio-, fuentes consultadas entre las defensas de los dos exdirigentes políticos se considera muy complicada -prácticamente descartada- la posibilidad de que se pueda llegar a un pacto previo que evite el desarrollo de todo el proceso, aunque todavía no se cierra la puerta a una posible negociación in extremis.
Así, según las mismas fuentes, desde que se concretó el pacto con Ortiz no se ha producido ningún contacto firme con la Fiscalía Anticorrupción en el que se haya podido negociar un hipotético acuerdo que, según se insiste desde el entorno de los exdirigentes municipales, se continúa considerando improbable. Para que pueda prosperar, las defensas de los dos exalcaldes siguen planteando que las acusaciones deberían renunciar al grueso de las conductas delictivas que se les atribuye. Y, por consiguiente, también debería producirse una rebaja de las peticiones de pena y de las cantidades económicas para resarcir una posible responsabilidad civil que se les requiere.
Hasta el momento, Anticorrupción reclama 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, a Ortiz en el diseño del nuevo PGOU, durante su fase de redacción, a cambio de distintas dádivas: entre ellas, viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, así como la entrega de un vehículo modelo Mini Cooper y diversas cantidades de dinero en metálico. El ministerio público acusa a ambos expolíticos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. 
La representación legal de Esquerra Unida, por su parte, solicita las mismas penas para los dos exalcaldes, mientras que el letrado que defiende los intereses del Ayuntamiento de Alicante (un abogado externo) rebaja esa petición a cuatro años para cada uno. Por ahora no ha trascendido la voluntad de ninguna de las tres acusaciones en modificar esas solicitudes para reducir su duración, aunque, según las fuentes consultadas, se antoja difícil que se pueda pretender que se apliquen dilaciones indebidas por la cantidad de recursos que se ha ido presentando a lo largo de la instrucción
Por lo pronto, en la comparecencia pública posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante celebrada este martes, el portavoz adjunto del equipo de Gobierno y edil responsable de Asesoría Jurídica, Manuel Villar (PP), solo señaló respecto a la posición municipal en el proceso que el letrado que representa al Ayuntamiento ha dispuesto de autonomía para asumir esa tarea "sin interferencia del equipo de Gobierno" y que el objetivo fundamental es defender los daños que pudiesen haberse ocasionado sobre el interés público. 

Sin agotar el mes

En esta línea, Díaz Alperi y Castedo se reafirmarían en su intención de resistir y defender su inocencia en el juicio al mantener que existen argumentos suficientes para rebatir las imputaciones a las que se enfrentan pese a las dificultades que entraña enfrentarse a la confesión de al menos dos de los procesados. Todo, al margen de que se pueda utilizar, como primera baza, la petición de nulidad de las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación policial tras alegar indefensión. 
Según las mismas fuentes, el escenario más probable es el de llegar a sala y ya se está trabajando en ello, preparando las sesiones del juicio, con la consciencia de que los plazos efectivos para que pueda intentarse un acuerdo de conformidad no son de un mes natural: ninguna de las partes puede agotar ese horizonte sin saber a qué atenerse. Así, uno de los últimos pasos dados por la defensa de Alperi ha sido la petición de las transcripciones de las declaraciones testificales practicadas en la fase de instrucción (que todas las partes tienen en soporte de vídeo) para facilitar la planificación de la vista.
En todo caso, además de Díaz Alperi y Castedo, también deberán sentarse en el banquillo de los acusados otros tres procesados sobre los que tampoco ha trascendido la firma de ningún acuerdo previo. Se trata, por un lado, del hermano de la exregidora, el abogado José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez, a quienes se atribuye el papel de supuestos colaboradores en el presunto trato de favor a Ortiz, como responsables de asesorar en la tramitación de las modificaciones en el planeamiento. Y por otro lado, también figuraría un tercer responsable de las empresas del constructor, Pablo Rico, que queda fuera del pacto suscrito por Ortiz, su hermano Virgilio Ortiz y otro de sus trabajadores, Santiago Bernáldez.

El cuándo y el cómo

Al margen de los posibles acuerdos de conformidad, la otra incógnita que envuelve a la celebración del juicio es la fecha y las condiciones para su desarrollo. Salvo una posible modificación del calendario previsto -que pudiese acordarse con motivo de las alteraciones provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus-, las sesiones del juicio se concentrarán entre el 23 de septiembre y el 12 de noviembre, tras la jornada inicial del 30 de junio ya citada y una segunda sesión convocada para el 7 de julio. Como informó Alicante Plaza, se prevé la declaración de 53 testigos, al margen de las comparecencias de los peritos.
En principio, las partes mantienen esas fechas en sus respectivas agendas hasta el punto de que varios de los letrados han tenido que solicitar el aplazamiento de otros señalamientos previstos para el mismo 30 de junio. La información que se maneja hasta ahora es que esa primera vista se celebrará, aunque puedan suspenderse otros procedimientos también fijados para ese mismo periodo antes de que se paralizase la celebración de juicios tras la declaración del estado de alarma
La cuestión es cómo podrían desarrollarse esas primeras sesiones, de manera presencial o telemática, a través de la nueva aplicación informática habilitada por la Conselleria de Justicia. Según las fuentes consultadas, la opción más probable es que esas dos primeras sesiones se celebren presencialmente procurando que se guarden las distancias de seguridad entre los participantes que fijan los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. En esa hipótesis, todo parece indicar que el juicio podría desarrollarse fuera de las instalaciones de la Audiencia. Probablemente, en el salón de actos del edificio judicial de la calle Pardo Gimeno, en el que se suelen desarrollar los juicios sobre procesos de especial repercusión social o con muchos intervinientes.

Publicado por Alicante Plaza el domigno 24 de mayoo de 2020

sábado, 23 de mayo de 2020

Alicante se levanta al grito de ¡Viva el Rey y viva la Constitución!

Alicante se levanta al grito de ¡Viva el Rey y viva la Constitución!

Artículo de opinión de Ramón Palmeral /Diario de Alicante

En la mañana de hoy sábado día 23 de mayo día san Desiderio  – extraño nombre de santo, que era la onomástica de  un amigo mío, que tenía el hipocorístico de Desi–,  se han llenado las calles y avenidas del centro de Alicante de banderas españolas ondeando desde los coches, porque la manifestación era en coche,  además  hacían sonar sus bocinas, y reproduciendo música militar y el himno español , desde la aceras lo peatones vitoreaban a los miles de manifestantes, y algunos  gritaban «¡Viva el Rey y viva la Constitución! » y otros «Socialismo tercermundismo».  Se manifiestan en protesta por la mala  gestión, o pésima gestión del Gobierno Frankenstein, piden también la dimisión de Pedro Sánchez a quien se le llama popularmente Sáncheztein, más la de Pablo Iglesias, el Coletas, respecto al estado alarma por el coronavirus que llegamos ya a la 5º prórroga, y de momento hasta el 7 de junio...

Leer el artículo completo en Diario de Alicante 



   Hoy 23 de mayo en Alicante. La manifesactión es un derecho constitucional.

jueves, 21 de mayo de 2020

Los alcaldes del PP salen en tromba a pedir explicaciones al Consell por no solicitar el pase a la Fase 2

Los alcaldes del PP salen en tromba a pedir explicaciones al Consell por no solicitar el pase a la Fase 2 

21/05/2020 - 
ALICANTE. Con plena sincronización, aunque con formas muy diferentes, el Partido Popular de Alicante y sus principales alcaldes, el de Alicante (Luis Barcala), de Torrevieja (Eduardo Dolón), y de Benidorm (Toni Pérez) han salido este miércoles públicamente a pedir explicaciones a la Conselleria de Sanidad por no haber solicitado finalmente que la Comunitat Valenciana el pase a la Fase 2 del plan de desescalada, que permite más medidas de alivio para la economía y, por tanto, para sectores como el comercio y la hostelería.
Cada uno lo hizo a su manera, pero al final el mensaje es el mismo: los regidores del PP quieren saber por qué razones no se ha solicitado ante el Ministerio de Sanidad avanzar en el cambio de fase. Así, por ejemplo, el PP de Alicante lo ha hecho de la mano de su socio de gobierno, Ciudadanos, y ambos han presentado una declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de mayo en el que solicita a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública "información diaria, actualizada y de calidad de los principales datos e indicadores de la incidencia que está teniendo la covid-19 en Alicante".
Al parecer, el primer edil alicantino ya había verbalizado algunas críticas, tanto a la Generalitat como al Gobierno central, en el acto celebrado este martes para presentar el plan de impulso turístico, algo que le ha valido la réplica de las formaciones de izquierdas. PSOE, Unides-Podem y Compromís han censurado la intervención, a su juicio, inadecuada del primer edil. En opinión de las tres formaciones, las palabras del alcalde han constatado "la intención del gobierno de PP y Cs de aprovechar los actos oficiales del Ayuntamiento para disparar a discreción contra el Gobierno central, olvidando la lealtad institucional que el alcalde exige constantemente en el terreno municipal".
Más tarde, ha sido el alcalde de Torrevieja, la segunda ciudad más importante que gobierna el PP en la provincia de Alicante. Eduardo Dolón ha optado por una carta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la que ha mostrado una gran preocupación por la situación que están atravesando los sectores productivos de la ciudad, especialmente el comercio y la hostelería, que tras esta decisión de la Generalitat han visto truncadas sus expectativas previstas con el pase a la Fase II de la desescalada.
Por todo ello, Eduardo Dolón ha solicitado a la Consellera de Sanidad que haga públicos los datos técnicos y los parámetros sanitarios que han utilizado para tomar esta decisión, en aras de la transparencia y, especialmente, para conocer si, como anunció ayer en rueda de prensa Ana Barceló, el ligero aumento de la incidencia del virus o índice de reproducción básico de 0´66 a 0´85 en los últimos días en la Comunitat Valenciana, se ha producido también en el Departamento de Salud de Torrevieja.
A continuación ha sido el primer edil de Benidorm. Toni Pérez también ha reclamado disponer de más datos de Sanidad, pero ha anunciado que  la ciudad “vamos a seguir observando e impulsando el cumplimiento de las normas” y “trabajando, como hemos hecho desde el minuto uno y todos los días, para preparar el pase a la siguiente fase con todas las garantías de seguridad, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
Con más dureza se han expresado los alcaldes populares de la Vega Baja, que han acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de “ahogar” la Vega Baja al negarse a avanzar a Fase 2 en esta comarca al haber cambiado las áreas sanitarias por la demarcación provincial. “La recuperación que supone la apertura de comercios, hostelería  y negocios de hace una semana se ha parado en seco en una comarca que necesita ayuda del Consell y solo se encuentra con trabas y olvido por parte del Gobierno autonómico de Valencia”, ha comentado el coordinador popular en la Vega Baja, Adrián Ballester.
La incertidumbre vuelve a costar pérdidas de empleo y futuro para la Vega Baja”, afirma Adrián Ballester,“puesto que el Consell anuncia el domingo que avanzarán las zonas en Fase 1 a Fase 2 y dos días después dice todo lo contrario”. Asegura que “muchos negocios estaban preparándose ya para la próxima semana y muchas personas ilusionadas con volver a sus empleos y ven que ni tienen futuro ni cobran su ERTE”.  Todopor un cambio de áreas sanitarias a la provincia sin ninguna explicación ni criterio fundado que iguala por debajo la provincia de Alicante y la asemeja a otras zonas más castigadas por el coronavirus “que no tiene nada que ver con la situación sanitaria, social y económica de la comarca de la Vega Baja”. Ballester ha remarcado que “la Generalitat se alía con Pedro Sánchez en una decisión que perjudica a la Vega Baja y a la que no se ha tenido en cuenta”.
El portavoz popular ha aprovechado esta crítica para censurar la “nula empatía” de la Generalitat Valenciana de PSOE, Compromís y Podemos con la Vega Baja. “Los alcaldes peleamos todos los días contra la crisis sanitaria, económica y social sin ninguna ayuda desde Valencia”, ha lamentado el representante de los populares. 
La situación de indiferencia del Consell con la Vega Bajaes endémica”, critica Ballester, quien recuerda que “la Vega Baja es una tierra doblemente castigada, primero con la DANA de septiembre y ahora nos vuelve a castigar sin motivo a no pedir pasar a fase 2”. Consideran los populares que “lo único que quiera la Generalitat de la Vega Baja son fotografías porque dela comisión de Orihuela no queda novedad”. Ballester lamenta que la Comunitat Valenciana llegue solo hasta Elche para la Generalitat y no tenga ni un mínimo de comunicación con la Vega Baja, a la que está abandonando y dejando a su suerte a sus habitantes”.