Con el dólar estadounidense alrededor de los 20.000 bolívares, el salario mínimo de 40.000 bolívares que fija el Gobierno se traduce en 2 dólares mensuales, una cantidad que no alcanza para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos.
En 1950, mientras el resto del mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tenía el cuarto PIB per cápita más rico del mundo. Era dos veces más rico que Chile, 4 veces más rico que Japón y 12 veces más rico que China, según recoge el Foro Económico Mundial.
Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, la situación económica de Venezuela no era, ni mucho menos, la más deteriorada de Iberoamérica. Es cierto que el país atravesaba una crisis profunda que se había iniciado en 1998 y que se intensificó en 1999, justo en el momento de su investidura. Sin embargo, ese contexto presentaba una particularidad poco frecuente: la economía venezolana combinaba la recesión más severa de los últimos diez años con un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, su principal producto de exportación.
Los datos recogidos en los informes económicos de la CEPAL correspondientes al año 2000 y a los dos ejercicios anteriores evidencian esta paradoja. Mientras América Latina y el Caribe acumulaban en conjunto un déficit en cuenta corriente cercano a los 50.000 millones de dólares, Venezuela seguía mostrando un saldo positivo considerable, gracias a sus ingresos petroleros.
La estrategia de restringir la oferta de crudo impulsó un fuerte incremento del precio del barril venezolano, que pasó de alrededor de 9 dólares a 23 dólares en el transcurso de 1999. Este repunte permitió al nuevo gobierno contener el déficit fiscal por debajo del 3 % del PIB y, al mismo tiempo, otorgó margen de maniobra al Banco Central para sostener su política cambiaria. Aunque el bolívar se depreció cerca de un 15 % frente al dólar, este ajuste, sumado a la contracción de la demanda interna, contribuyó a frenar la inflación, que se situó en torno al 20 %, el registro más bajo en más de diez años.
El aumento de los ingresos derivados del petróleo, junto con la reducción de las importaciones, dio lugar a un amplio superávit comercial y a un balance favorable en la cuenta corriente. Estos factores ayudaron a compensar la salida de capitales provocada por la incertidumbre política y el rechazo de algunos sectores económicos al nuevo liderazgo chavista.
En el momento de asumir el poder, Chávez heredó una empresa estatal petrolera, PDVSA (petrolera estatal venezolana), considerada un modelo de gestión entre las compañías públicas del sector energético en la región, comparable a Pemex en México o Petrobras en Brasil. Su discurso se centró en la necesidad de redistribuir la renta petrolera y utilizarla como instrumento para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad social. No obstante, diez años después, ese objetivo seguía siendo una promesa pendiente, a pesar de que el país había disfrutado de un ciclo excepcionalmente favorable en los mercados energéticos.
Entre 2004 y 2008, el precio medio del barril se disparó desde los 38 dólares hasta acercarse a los 100 dólares, nivel que se mantuvo —e incluso superó— hasta 2014, ya bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Fue una década marcada por ingresos extraordinarios, impulsados en gran medida por la creciente demanda de países como China. En esos años, resultaba habitual la presencia de grandes delegaciones de empresas petroleras rusas, chinas, estadounidenses y europeas, todas compitiendo por acceder a las mayores reservas de crudo del planeta.
Pese a esta coyuntura excepcionalmente favorable, los recursos generados no se tradujeron en un desarrollo sostenible ni en mejoras estructurales duraderas. La bonanza petrolera se evaporó sin una explicación clara y, como consecuencia del colapso económico posterior, cerca de un tercio de la población venezolana se vio forzada a emigrar.
Tanto Cuba, Nicaragua como Venezuela optaron por el antimperialismo de EE.UU y así están mendigando y emigrando al resto del mundo. Vivir del papá Estado no es la solución.
