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ARTICULOS DE OPINION
Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.
Y al segundo día... siguió el esperpento jurídico y el asalto a la legalidad en el Parlamento de Cataluña.
El choque contra la democracia, anunciado durante meses por las fuerzas
secesionistas, siguió con otra jornada maratoniana que concluyó sobre
la una de la madrugada con la aprobación de la ley de Transitoriedad.
Con nocturnidad y alevosía, salía adelante un texto con el que la
Generalitat, en manos de Carles Puigdemont, pretende regular la vida
«legal» en Cataluña tras el «sí» en el referéndum secesionista del 1 de octubre.
La Mesa parlamentaria había aprobado su trámite de madrugada y, tras dos horas de debate, tomó forma la nueva norma con los votos de JpS y la CUP.
CSQP votó en contra. Y los diputados de Cs, PSC y PP volvieron a
ausentarse en la votación, como hicieron en la jornada del miércoles en
la que se aprobó la ley del Referéndum.
Carme
Forcadell, presidenta de la Cámara, y el resto de miembros de la Mesa
de JpS y CSQP, bloquearon todas las peticiones de Cs, PSC y PP para que
el cambio del orden del día fuera valorado previamente por el Consejo de
Garantías Estatutarias (CGE), ya que la ley a votar no tenía cabida en el ordenamiento jurídico, tal y como confesó, incluso, Rovira, al admitir que la norma sobrepasa el Estatuto de Autonomía y la Constitución.
Para JpS y la CUP, las peticiones de Cs, PSC y PP son
«filibusterismo». Para estos grupos de la oposición, «los
independentistas están pisando los derechos de los diputados y de todos
los ciudadanos de Cataluña». Los rifirrafes se repitieron al mismo estilo que los vividos el miércoles
y la oposición se mostró más unida que en la jornada previa. Una unión
en defensa de la democracia y la ley que se evidenció cuando las
bancadas de Cs, PSC y PP aplaudieron de pie la intervención de Joan
Coscubiela, portavoz de CSQP, tras la defensa que este hizo de los
valores democráticos y criticó a JpS y la CUP que le estén «cogiendo
gusto a pisar los derechos de los ciudadanos».
Tras tres
suspensiones del pleno, a las que siguieron otras tantas reuniones de la
Junta de Portavoces y la Mesa, el pleno votó y aprobó el cambio del
orden del día gracias al rodillo secesionista. Después harían lo propio
con una de las leyes de la desconexión, tras un debate más corto de lo
esperado en el que Arrimadas calificó la ley de como un «panfleto que atropella el sentido común».
Miquel Iceta, por su parte, aseguró que con la norma «JpS y la CUP
liquidan el Estatut y la Consitución» mientras que Xavier García Albiol
acusó a los secesionistas de querer «imponer un modelo político mezcla
de bolivariano y autoritario».
«¿Abolido nuestras leyes?»
Los
portavoces de la oposición se mostraron más lúcidos y contundentes en
sus intervenciones. Así, destacó Carlos Carrizosa (Cs), quien criticó
duramente la gestión de Forcadell. El portavoz de la formación naranja
preguntó a la presidenta de la Cámara autonómica: «A partir de ahora,
¿se van a atropellar nuestros derechos ante toda Cataluña? ¿Podemos acudir al CGE o ya hemos abolido nuestras leyes? ¿Debo obediencia a la señora que desobedece las leyes? ¿Debo callar o debo hablar cuando ella me lo pida?».
También
Ferran Pedret (PSC), más airado que en otras ocasiones, consiguió
aplausos de los grupos popular y naranja. Y Alejandro Fernández (PP) comparó la situación que se está viviendo en Cataluña con la tensión que Nicolás Maduro mantiene en Venezuela:
«Están suspendiendo la democracia en Cataluña. Pronto estarán con el
señor Mas y el señor Homs, pidiendo diez euros a cada ciudadano. Lo que
pase a partir de ahora solo será responsabilidad de ustedes».
.................CATALUÑA DIVIDIDA, TARRAGONA Y LLEIDA no prestarán sus locales para el referendum.
Lo hicieron la noche del miércoles
y lo han vuelto a hacer esta medianoche, esta vez para aprobar la ley
de transitoriedad con la que el independentismo pretende armar una
república catalana. Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría para
forzar el reglamento de la Cámara y aprobar la que quieren que sea la
ley suprema de Cataluña en el caso de que el sí se imponga en el referéndum del 1 de octubre.
Lo han hecho a costa de un Parlamento roto en dos, en el que se ha
manifestado la mayor unidad vista hasta ahora entre los cuatro grupos
que integran la oposición.
El bloque independentista invocó este jueves el artículo 81.3 del
reglamento y, pese al rotundo rechazo de la oposición, pasó el rodillo
de su mayoría para forzar la votación primero y aprobar la ley de
desconexión después. En la votación definitiva, sus 71 votos se
impusieron en una cámara semivacía, de la que, otra vez, se ausentó la
mayor parte de la oposición. Solo 10 miembros de Catalunya Sí que es Pot se mantuvieron en su escaño, para votar en contra.
“El pueblo tiene derecho a saber qué ha de pasar a partir del día siguiente del 1-O”, ha afirmado Jordi Orobitg (Junts pel Sí)
para defender la necesidad de aprobar la ley. Desde la CUP, Benet
Salellas, la ha ensalzado como “un instrumento que declare nuestra
soberanía” y una forma para acabar “con el procesismo” que ha copado la
política catalana en los últimos 18 meses.
La jefa de la oposición, Inés Arrimadas
(Ciudadanos), ha denunciado que Junts pel Sí se ha puesto “a jugar en
el campo de la CUP”, el “de la desobediencia”. Y ha acusado que la
fórmula escogida para aprobar la norma se “va a cargar la legitimidad de
este Parlament”. El popular Xavier García Albiol consideró el 1-O como
“solo una estrategia de agitación y propaganda” al negar la posibilidad
de que este se pueda celebrar.
El socialista Miquel Iceta ha censurado todo el articulado de la ley y
ha cuestionado la forzada aprobación de la ley. En su opinión, esas
prisas solo tienen un objetivo: “Saben que no se celebrará el referéndum
y que al menos quede alguna cosa en el boletín oficial del Parlament,
aunque solo sea 48 horas. Pasar a la historia aunque solo sea con una
nota a pie de página”. Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot,
lamentó que en las últimas “48 horas negras” el soberanismo “se haya
pulido su capital político” y hayan facilitado la “estrategia
antidemocrática del PP y la criminalización del derecho a decidir”.
La de este jueves ha sido una jornada similar a la del miércoles.
Maratoniana y que no ha tenido como principal escenario el hemiciclo,
sino la sala donde mantienen sus reuniones la Mesa y la junta de
portavoces del Parlament. Debate agrio y trabado por las continuas
pausas forzadas por las peticiones de la oposición, cuyo objetivo pasaba
por reforzar una imagen de aprobación anómala en un marco de
desbarajuste general. El objetivo de los independentistas tampoco
albergaba dudas. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
lo dejó claro en uno de los muchos encuentros de la Mesa: “De aquí no
nos vamos hasta que esto se vote”. Y no ha sido hasta las 00.50.
El frente independentista hizo caso omiso, de nuevo, a un escrito del
Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que insistía en la potestad de
los grupos parlamentarios de demandar un dictamen sobre cualquier
proposición de ley impulsada desde la Cámara Catalana. El PSC anunció
que también pediría amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar la aprobación
de esta segunda ley de desconexión, una suerte de norma suprema con la
que se quiere activar la declaración de independencia de Cataluña, crear
una república y armar una estructura institucional que define quién es
el jefe del Estado, quién es catalán, cuáles son las lenguas oficiales
(catalán, castellano y aranés) y, entre otras cosas, cómo se configura
el poder judicial (la elección de sus figuras clave quedaría en manos
del Gobierno catalán).
La victoria del independentismo con la aprobación de la ley de
ruptura dejó una imagen que le debilita, la mayor unidad de la oposición
desde que se puso en marcha la legislatura: La mayoría de los miembros
de los cuatro partidos de la oposición (Ciudadanos, PSC, PP y Sí que es
Pot) puestos de pie y aplaudiendo unas palabras de Joan Coscubiela (CSQP),
miembro de uno de los grupos que más se ha aproximado a las posiciones a
favor del referéndum del Govern: “No quiero que mi hijo Daniel vea que
una mayoría puede tapar los derechos de los que no piensen como ella”.
(Hay un perro o lebrel de bronce, junto a las escaleras donde se sienta Puigdemont)
Artículo 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de
forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno,
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el
caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del
mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el
apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las
autoridades de las Comunidades Autónomas.
.....................
El artículo 155 de la Constitución es preceptivo y ejecutorio. Dice que con la mayoría absoluta del Senado, el Estado puede obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de la odenado.
En el caso de Cataluña, sería la destitución de su cargo de los que firmaron las leyes de Referéndum y de transitoriedad del el presidente Puigdemón y todo su gobierno como la mesa del parlamento con Carme Forcadell a la cabeza.
Son previsibles manifestaciones, escraches y demás desordenes públicos, sí es cierto, pero nueno y qué. Quien la haga que la pague. Y 500.000 euros de multa para lo que vayan a votar.
La fuerza coercitiva la tiene el Estado, para eso la tiene, por eso cuando alguien defrauda por delito a Hacienda (excepto Iñaki Urdangarín), ya al la cárcel. La gente paga porque tiene miedo. La gente respeta las normas de tráfico porque te denuncian. La inmpunidad lleva al caos.
Se llama a preseidente Puigdemont al Senado de Madrid, y si no viniera por voluntad, se le traería en un furgónde la Guardia Civil, como todo el mundo que no quiere ir a un juzgado.
La rebelión catalana requiere algo más que tribunales
“La realidad que llamamos Estado no es
la espontánea convivencia de hombres que la consanguinidad ha unido. El
Estado empieza cuando obliga a convivir grupos nativamente separados”
Ortega y Gasset.
Ayer, en el Parlament catalán, tuvo lugar una de las escenificaciones más burdas, menos solemnes, antidemocráticas,
revolucionarias y deplorables que se puedan dar en un Estado del Siglo XXI, en plena UE y, podríamos afirmar que,
ante la unánime perplejidad de todas las naciones que forman con nosotros esta gran unión que, con tantos esfuerzos,
entre todos, estamos intentando llevar adelante; incluso contra la opinión de aquellos que sólo piensan en si mismos,
como es el caso de la GB con su “brexit”, una aventura que no presagia nada bueno para la rubia Albion,
acostumbrada a ir por libre, quizá pensando que todavía sigue siendo aquella nación colonialista todopoderosa del
Siglo XIX.
El acto que el Parlamento catalán, presidido por una señora, Forcadell, que primero fue presidente de la ANC, una de
las organizaciones que, con el Omnium Cultural, más se distinguieron en su lucha por la independencia de Cataluña y
que, fue repescada para que presidiera la institución parlamentaria catalana, pese a ser manifiestamente incompetente
para presidir un órgano de la importancia del que le ha tocado dirigir. Ayer quedó patente que, la señora Forcadell, no
es más que un títere más del soberanismo catalán, olvidándose de que su misión era atender a los derechos de todos los
parlamentarios sin distinción de partidos o ideas políticas, impidió que todos los partidos representados en la cámara,
pudieran presentar sus alegaciones, ante el intento, y posterior consumación, de la aprobación exprés de una ley,
expresamente calificada de anticonstitucional por el TC, aquella que convoca a los catalanes a un referéndum que,
expresamente, fue considerado por el órgano máximo encargado de velar por la constitucionalidad de cualquier norma
que se dicte en nuestra nación, como inconstitucional.
En una nefasta y embarullada jornada, en la que quedaron de manifiesto los vicios graves de una institución que
pretende hurtar a una parte de sus miembros, a las minorías no separatistas, sus derechos y sus atribuciones en la
preparación de aquellas normas que van a ser obligatorias para todos los catalanes; los miembros de los partidos anti
constitucionalistas demostraron su desprecio por los principios democráticos, su radicalidad, cerrilidad y su obsesión
enfermiza de atribuir a España aquello que, solamente en su cerrazón y fanatismo, se puede entender como una
conducta inapropiada o especialmente contraria a los intereses del pueblo catalán. Claro que la labor concienzuda,
comenzando por el adoctrinamiento escolar de las nuevas generaciones, la intoxicación mental de TV y tertulianos en
todas las cadenas catalanas, amén de la insistente y machacante labor doctrinaria de la prensa, la mayoría de ella afín
al separatismo; han sido factores determinantes de que lo que hace unos años apenas importaba a un 25% de los
catalanes, en la actualidad esté cercana al 50%, algo que, desgraciadamente, deberemos atribuir a la falta de previsión,
intereses partidistas y miedo a enfrentarse a ello con coraje y firmeza, de todos los gobiernos que se han ido
sucediendo desde que el país entró en democracia.
Ante unos hechos consumados, un desafío abierto a la unidad de la nación, una tomadura de pelo a todo el resto de
españoles, que vemos que, ante nuestras propias narices y sin que ocurra aparentemente nada, unos cuantos insurrectos
que no representan más que una parte de la ciudadanía catalana ( y aún con importantes matices) son capaces de poner
en jaque a toda una nación de la envergadura de la española, sin que lo único que se les ocurre a nuestros gobernantes,
achacados del mal de la cobardía, de la sinrazón del miedo a que los insurrectos se enfaden porque se tomen medidas
enérgicas en su contra o de que, una parte de los catalanes se lancen a la calle para destrozar todo lo que se les ponga
delante, es interponer una serie de recursos ante el TC para que, con suerte, se reitera la anticonstitucionalidad de las
leyes aprobadas en el Parlament catalán y empapelen a los firmantes por prevaricación para que, al cabo de un tiempo
los tribunales los pudieran “incapacitar para ocupar cargos públicos” una medida que parece insuficiente ante la
evidencia de la rebelión que se encubre en los actos sancionados.
Si se tiene en cuenta que el señor Puigdemont y sus colegas separatistas ya ha advertido que no piensan hacer caso de
lo que digan los tribunales españoles y, específicamente, lo que pudiera salir del TC, es evidente que no van a tomar en
consideración cualquier advertencia o conminación que viniese de la judicatura, lo que sitúa al Gobierno y al Estado
español ante el dilema de permitir que las calles de Barcelona se conviertan en un infierno en manos de los terroristas
de la CUP o utilizar a la fuerza pública para restablecer el orden. No obstante, es muy posible que las reacciones que
nos tienen preparadas estos descerebrados, partidarios de los altercados callejeros y de los destrozos de escaparates y
mobiliario urbano, sean de una magnitud mayor a las que se acostumbran a producir cuando se producen
reclamaciones sobre temas que afectan a menos personas, cuando se tratan de meras reivindicaciones laborales o
cuando sólo se centran en vencer la resistencia de una sola institución, por ejemplo, el Gobierno. Ahora nos
encontramos ante un desafío mucho mayor en el que, por primera vez desde la muerte del general Franco, se pone en
cuestión la unidad de la nación y el enfrentamiento entre dos bloques perfectamente definidos: el Gobierno de España
y sus instituciones, apoyados por los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario, enfrentados a quienes intentan,
desoyendo la voz de la prudencia y desafiando la Constitución, la independencia de la nación española, para constituir
lo que han dado por denominar la “República catalana”.
Ya no hablamos de si se suspende la autonomía según prevé el artículo 155 de la Constitución o de si se debe acudir a
la Ley Penal o a otras leyes sobre seguridad nacional porque, señores, lo que es posible que suceda es que, como ya
han anunciado, una numerosa banda de gamberros organizados se apoderen de las calles, organicen un caos
circulatorio, irrumpan en los edificios públicos o se dediquen a asaltar bancos valiéndose del terror y pánico que
multitudes de trúhanes amenazantes son capaces de crear entre los pacíficos ciudadanos. Quisiéramos creer que,
cuando el señor Rajoy habla de reacción proporcionada, no está hablando de la que se pudiera llevar a cabo contra los
culpables directos de la declaración de independencia, porque el problema no se va a limitar, si se producen las
alteraciones de orden que se supone que se puedan llevar a cabo, a sancionar a los promotores sino que lo tendremos
en lo que pueda suceder en las calles, en los locales públicos, en los organismos oficiales o en los bancos y demás
lugares en los que, una invasión de vándalos semejante, puede llegar a impedir el normal desarrollo de toda actividad
dentro de las principales ciudades de Cataluña.
Y aquí, señores, va aparecer la palabra mágica que ha venido siendo tabú durante todo este largo proceso en el que, los
independentistas, han venido haciendo de su capa un sayo sin que nadie en absoluto, ni los tribunales ni las fuerzas del
orden han sido capaces de impedir que siguieran avanzando en sus objetivos, unas veces con mayor rapidez y otras
más despacio, pero siempre consiguiendo afianzarse en sus posiciones sin que, el Estado, haya tenido las agallas para
pronuncia la palabra “basta”. Las dos ocasiones en las que hubo intentos de instaurar la república en Cataluña los
gobernantes que les hicieron frente no se entretuvieron en discutir sobre las razones que avalaban aquellas peticiones
de Maciá (1931) y Companys (1934), sino que ordenaron que, rápidamente, fueran reducidos los culpables para evitar
que la insurrección adquiriera virulencia y pudiera contagiarse a otras partes de España. No olvidemos que existen
otros lugares de España donde el germen independentista está latente y gobiernos autonómicos que esperan la menor
ocasión que se les presente o debilidad del Gobierno para dar el paso adelante para conseguir también su
independencia.
Estamos hablando de si, entre las medidas que estará manejando el Ejecutivo y que ha consultado con los dos partidos
que le han prestado su apoyo, se encuentra la de, aparte de que la utilización de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o, en el caso de Cataluña, los Mossos (suponiendo que permanezcan fieles a la
Constitución), no fueran suficientes para acabar con los disturbios callejeros que se pudieran producir como
consecuencia de la votación del 1 de Octubre o de la promulgación de las leyes de desconexión; se tuviera que declarar
el estado de excepción y fuera necesaria la presencia del Ejército en las calles de Barcelona o cualquiera de las otras
ciudades importantes de la comunidad catalana, ¿se acudiría al Ejército para pacificar las calles o se seguiría
respetando esta especie de pacto no escrito por el que las FF.AA parece que, en Cataluña, no se encuentren en
territorio patrio? Recordemos que el artículo 8º de la Constitución hace referencia a ellas cuando la patria se encuentre
en situaciones como las que se pueden producir en Cataluña si, como es posible que suceda, el separatismo reacciona
de forma violenta ante las decisiones del TC o del Gobierno.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, aunque sabemos que se trata de un tema complicado
y muy delicado, no nos queda más remedio que dejar constancia de la preocupación que se siente, en tierras catalanas,
por todos aquellos que viven en ellas, pero que no participan de esta fiebre separatista que parece que ha venido
afectando a una gran parte de la población de la autonomía. Y es que no estamos muy seguros de la solidez de este
apoyo que, por parte de los socialistas y miembros del partido de Ciudadanos, se le ha ofrecido al Gobierno de la
nación; en el caso de que el problema adquiera tintes revolucionarios, se pudieran producir, en los enfrentamientos
callejeros, algunas víctimas entre las partes enfrentadas y la sangre comenzase a correr por las calles. No estamos muy
convencidos de que, el señor Sánchez o el mismo señor Ribera, en una situación semejante, mantuvieran su apoyo o
bien aprovechasen la ocasión para hacer campaña contra el Ejecutivo, si vieran que, con ello, iban a conseguir votos
que los favorecieran. Por desgracia, en política, las alianzas nunca son de fiar.
Se echan de menos manifestaciones
multitudinarias y opiniones contundentes del ámbito judicial ante este
golpe de Estado del separatismo catalán.
Jesús Salamanca viernes, 8 de septiembre de 2017, 08:51 h (CET)
Muchos estamos convencidos de que la Cup-eta y la dictadura fraudulenta narcotraficante de
Nicolás Maduro está detrás de estos separatistas que violan la Constitución de todos los
españoles. Tanto como apelamos a la Carta Magna de 1978, ahí viene perfectamente clarificado
el artículo 155 que -- desde mi punto de vista-- habría que aplicar ya, sin más dilación, para evitar.
Representantes de las instituciones catalanas se han cargado vulgarmente la democracia. Han
demostrado que no saben lo que es la convivencia con el resto de comunidades autónomas del
Estado español; un Estado al que pretenden imitar y del que se han mofado desde hace años: ahí
tienen la cantidad de veces que ha habido que recurrir al Tribunal Constitucional por
desobediencia institucional o incumplimientos absurdos. El pasado miércoles, el parlamento
catalán se convirtió en el hazmerreír de toda Europa y del mundo democrático; a ello hay que
añadir el ridículo permanente que viene haciendo Cataluña con la creación de embajadas
catalanas que nadie reconoce ni hace caso.
Resulta difícil entender que se salgan de la Constitución española apelando a la "libertad de
expresión", "libertad de los pueblos", "los derechos humanos", “aspiración de libertad”, “falso
consenso del pueblo catalán”,... Pero lo cierto es que es un claro golpe de Estado que hay que
atajar cuanto antes. Y hay que hacerlo con toda la contundencia de la ley, como se hizo con los
insurgentes del 23F. Se echan de menos manifestaciones multitudinarias y opiniones
contundentes del ámbito judicial, precisamente en este golpe de Estado dañino para España, la
Unión Europea y el mundo democrático. Confío en que no falten las sanciones penales ante la
excesiva gravedad de lo acaecido en el parlamento catalán y el odio difundido desde algunas
instituciones, entre las que no se excluye el consistorio de Barcelona.
Mayoritaria es la población de Cataluña que no quiere independizarse de España. Son los partidos
de corte independentista y antisistema quienes reaccionan contra derecho e interpretan de forma
burda el deseo secesionista. Desde mi punto de vista han llegado muy lejos, excesivamente lejos,
al secuestrar la democracia con un claro objetivo: fracturar España. Y actitudes así no hay por qué
consentirlas. Las decisiones no se toman "por narices" cabe el diálogo cuando hay resquicio para
ello, pero en este caso la Constitución es clara y cuanto alude a la indivisibilidad del Estado,
también.
¿Hay culpables? Claro que los hay y en distintos frentes. Primero los distintos gobiernos
nacionales que han permitido el juego sucio y navajero de los sucesivos gobiernos autónomos
catalanes. En segundo lugar, los grupos antisistema e independentistas que, en una amalgama
vulgar y nada respetable, han retorcido la irretorcible normativa. Y, por último, las presiones
venezolanas hacia el mundo del "perroflautismo" integral; algo así como el "yihadismo" corrompido
y desnortado. Insisto en que el golpe totalitario del separatismo no puede quedar impune; ese
totalitarismo carece de valores y virtudes, por lo que se asienta en el delito, la vulneración de
garantías democráticas y la ceguera secesionista.
Nadie debe sorprenderse de la dureza mostrada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría. Tiene tan claras las ideas y la legislación al uso y al respecto que se ha encargado de
fijar la postura del Gobierno y esa postura ha sido dura, aunque no más dura de cuanto marca la
ley en este caso. Ahora tenemos que ver esa dureza contra Forcadell, principal responsable del
desaguisado parlamentario para mostrar al mundo el golpe de Estado dado en Cataluña. El código
penal debe defender el atentado que ha cometido contra la institución parlamentaria, contra el
Estado de Derecho y contra la propia Cataluña.
Están lejos los tiempos en que los Mossos fueron puestos a buen recaudo por admitir la
proclamación de la república catalana. Por entonces, el Gobierno supo pararlos los pies. En este
momento es la vicepresidenta la encargada de fijar la postura del Ejecutivo. Fue muy dura en
términos políticos, en especial contra Forcadell, la presidenta de la Cámara autonómica catalana.
"Se acercan a los regímenes dictatoriales, es bochornoso y vergonzante", llegó a declarar la
vicepresidenta en Moncloa. Y fue más lejos: "Bajo el mandato de Forcadell ha muerto la
democracia". Carmen Forcadell debe ser inhabilitada ‘ipso facto’ y volcar sobre ella la medida más
dura que permita el código penal. Recordemos que es la tercera desobediencia de la presidenta
de la Cámara.
YO NO ME ATREVERÍA A DESOBEDECER
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por Ramón Fernández Palmeral
Alicante, 8-09-2017
Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Anna Gabriel,
piensan que tienen todo el respaldo de los catalanes para tirarse a la calle a
manifestarse. Y si no lo tienen ellos los buscarán o pagarán para que se
manifiesten y tomen las calles. De comento ya han empezado a hacer un escrache
al alcalde socialista de Mataró para que ceda las instalaciones para el referéndum,
ya que de momento no ha contestado y se niega a ello. El hecho, de mandarle
carta a los alcaldes de los 947 ayuntamientos ya es una desobediencia al TC.Y
señalamiento por si se niegan. Sabiendo que los compromete a una inhabilitación
futura.
Piensan estos húmedos cerebros que la calle, y las manifestaciones
les cubrirán de su Golpe de Estado a la Constitución. Cuando no es así. La actuación
de las masas como dijera Ortega y Gasset, tiene conciencia y responsabilidad individual.
Para tú ser un Estado independiente tendrían que
tener un Ejército, que no tienes, que puede salir a la calle en un momento
determinado. Los Carlistas, con un ejército, se pasaron cien años de guerra y
no lo ganaron. La II República con un ejército no le ganó Franco. E Estado catalán
duró 11 horas. Es decir, que aquí gana quien tiene las fuerzas armadas y el
poder ejecutivo (como se alegran los gobiernos de turno, en momentos de
dificultas, que la Guardia Civil no sea civil, sino militar, y a los que tiene
mal pagados).
Por otra parte, yo no me atrevería nunca a
desobedecer al Tribunal Constitucional, cuyas sentencias van a misa, y luego no
hay nada que le pueda perdonar. Desafiar al TC, al estado de derecho, los procedimientos
democráticos y saltarse la Constitución es el camino más fácil de caer en el precipicio.
El Parlamento catalán, es como la Junta de Andalucía, una Comunidad Autónomo,
tú puedes decir que eres nación o un estado, es como si yo dijera que soy el
tío más guapo del mundo. Las mentiras por mucho que se repitan no se pueden
convertir en verdades, sobre todo en derecho.
Los gobiernos catalanes, han hecho una bola mental,
y se han puesto a vender flores en el Polo Norte, y Frigoríficos en la Antártida.
Tomaron como bandera vehiculas la bandera de la lengua, que me parece muy bien,
en Suiza se hablan 4 lenguas, en Bélgica, dos, en Gran Bretaña dos, en Europa
casi todos hablan inglés. Es que el hecho de tengas una lengua propia no da derecho
a ser nación. También tienen lengua propia los vasco, gallegos, baleares,
valencianos, e incluso andaluces trasladada a los hispanoamericanos que hablan
castellano-andaluz.
La equivocaciones se pagan y todos aquellos que se
han portado dictatorialmente y han sido intolerantes, serán castigos, en
primera línea de frente por el gobierno de Rajoy, y en segunda líneas en
futuras elecciones autonómicas, pues no creo que el pueblo catalán sea tan
inocente, ingenuo o estúpidos como para dejarse gobernar por una República Bananera
que es a donde le llevaría estos descerebrados y antidemócratas de Puigdemont,
Junqueras, Forcadell o Anna Gabriel.
Hoy por hoy Cataluña forma parte indivisible del
estado español. Ellos no pueden decidir sobre lo que no es suyo. Porque el
pueblo español es soberano de todos sus territorios bajo una Constitución que
costó muchos sudor y lágrimas para conseguirla.
A continuación, el
fiscal general ha añadido que ha ordenado vigilar todos los preparativos
de la consulta, ya que podrían suponer la comisión de diversos delitos.
"La Fiscalía General del Estado, con pleno acuerdo del fiscal superior de Cataluña y de los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, ha impartido instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra)
investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del
referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos
de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al
menos". Los dos primeros delitos conllevan sólo inhabilitación, pero la
malversación acarrea penas de cárcel.
Finalmente, el fiscal
general ha explicado que también tiene previsto cursar "las órdenes
oportunas para que la Policía Judicial intervenga los efectos o
instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal". Es
decir, para que se incaute de urnas, papeletas y ordenadores destinados a la consulta.
Maza ha culminado su comparecencia sin preguntas en la sede de la Fiscalía General asegurando que las Fiscalías de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas,
así como todas las de Cataluña, "seguirán actuando con firmeza,
proporcionalidad, celeridad y con plena sujeción a la legalidad para
garantizar nuestro marco de convivencia constitucional".
Iglesias pide a la diputada de Podemos que se disculpe por retirar las banderas españolas y ésta se niega
La diputada de Catalunya Sí Que Es Pot y miembro de Podem rechaza disculparse
Iglesias dice que las declaraciones de la vicepresidenta son "vergüenza democrática"
Sobre la aprobación del referéndum afirma que "desprestigia a las instituciones"
|
RTVE.es / EFE
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la diputada
de Podemos que quitó las banderas españolas desplegadas por el PPC en
el Parlament catalán en el momento de la votación de la ley del
referéndum, Angels Martínez, "debería pedir disculpas".
Sin embargo, la diputada de la coalición de Catalunya Sí Que Es Pot y
miembro de Podem ha contestado, en declaraciones a Rac1, que no pedirá perdón por su acción en el Parlament. Martínez ha explicado que"su bandera española es la republicana" que
"toda la vida he defendido", ha abundado que aquellos que deberían
pedir disculpas, a su parecer, son "los que hicieron lo imposible para
que los diputados y el pueblo de Cataluña no puedan votar". A
la pregunta de los periodistas en los pasillos del Parlament sobre si
volvería a retirar las banderas ha respondido: "Claro, sin problemas".
Rajoy recurre el 1-O al TC y pide que se advierta al Govern y a los alcaldes de su deber de impedirlo
El
presidente español demanda al Constitucional que anule la norma y la
suspenda y que se notifique el president ,a todo su Govern y a los altos
cargos involucrados en su aprobación
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante el Consejo de Ministros extraordinario. (Dani Duch)
Leonor Mayor Ortega, Madrid
Un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este mediodía ha
acordado, tras recibir el preceptivo informe favorable del Consejo de
Estado, presentar cuatro recursos al Tribunal Constitucional contra el referéndum del 1-O, convocado este miércoles. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo ha anunciado en una comparecencia pública en La Moncloa.
Los recursos se presentan contra la Ley del Referéndum, la
convocatoria oficial de la consulta del 1-O, el decreto de medidas para
organizar el plebiscito y la ley de la sindicatura electoral. Rajoy ha anunciado que ha solicitado al alto Tribunal la nulidad y suspensión de estos acuerdos hasta que se dicte resolución.
También ha pedido que se notifique a Carles Puigdemont, a todo
su Govern, a altos cargos de la Generalitat vinculados al referéndum y a
todos los alcaldes. Asimismo, ha demandado a los jueces que adviertan
“personalmente” a todos ellos de su deber de impedir o paralizar “todas
las iniciativas tendentes a la celebración del referéndum”.
El Parlament aprobó ayer, gracias a los votos de Junts pel Sí y
la CUP, la Ley del Referéndum. Después, el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su gabinete
firmaron el decreto de convocatoria para celebrar una consulta
independentista en Catalunya el próximo 1 de octubre.
Rajoy ya interpuso ayer un incidente de ejecución de sentencia ante
el Constitucional para que ponga en manos de la Fiscalía la actuación de
la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de otros
miembros de la Mesa de la Cámara durante la sesión del miércoles para
que investigue posibles responsabilidades penales. El Tribunal, que está
reunido en pleno, resolverá hoy sobre este asunto.
El rifirrafe entre la Generalitat y el Gobierno central se mantendrá a
lo largo de los próximos días, ya que el Parlament prevé aprobar hoy la llamada Ley de Transitoriedad,
que contempla el escenario para constituir una nueva república catalana
en caso deque el sí a la independencia se imponga en ese referéndum que
Puigdemont pretende celebrar y que Rajoy trata de impedir.
Sin aceptar preguntas de los periodistas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza ha comparecido desde la sede de la Fiscalía para
leer una nota oficial en la que ha dado cuenta de las actuaciones que
el Ministerio Público está llevando a cabo “en defensa de la legalidad y
el Estado de derecho”. Medidas que se concretan en sendas querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament y contra los del Govern de la Generalitat, así como acciones dirigidas por las cuatro fiscalías provinciales catalanas contra cualquier acto de preparación del referéndum.
Maza se ha disculpado por no aceptar preguntas antes de leer la nota
alegando que la situación requiere no lanzar opiniones sin la debida
reflexión. Después ha justificado la querella contra los miembros de la
Mesa por permitir la tramitación de las leyes de referéndum y
Transitoriedad, y contra los miembros del Govern por firmar los decretos
de convocatoria del referéndum del 1-O. Maza ha asegurado que las
querellas serán presentadas en breve ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya (TSJC).
“Seguiremos actuando con firmeza, proporcionalidad, celeridad y
plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco
constitucional”
José Manuel Maza
Fiscal general del Estado
También ha adelantado que las fiscalías provinciales de
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, “con pleno acuerdo del fiscal
superior de Catalunya y los jefes de las mencionadas fiscalías”,
investigarán cualquier acción destinada a preparar o celebrar el
referéndum por los posibles delitos de, “al menos”, desobediencia,
prevaricación y malversación de caudales públicos . De igual forma, la
policía judicial estará capacitada para intervengan los instrumentos
destinados a celebrar el 1-O.
Tras anunciar las medidas, Maza ha reafirmado que “seguiremos
actuando con firmeza, proporcionalidad, celeridad y plena sujeción a la
legalidad para garantizar nuestro marco constitucional”, ha zanjado.
Los 946 alcaldes de Cataluña han recibido sendas cartas de Roberdo Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, en la que
se advierte a los alcaldes de la ilegalidad que supondría participar o
facilitar recursos o medios públicos de cualquier tipo para la
celebración del plebiscito. Esta carat es un clara advertencia, para que después nadie se llame a engaño, y servirá como base legal para proceder contra ellos en caso de que la incumplan.
Por el contrario, los alcaldes que reciban una carta del Gover de Cataluña, debe estar firmada, sellada y con número de registro y certificada, o por el correo oficial de email, autentificada, de lo contrario siempre, podrán decir el Gover que no las mandó, y que las copiaron de otros. Estas cartas, si los alcaldes o funcionarios quieren curarse en salud, antes de tirarlas al retrete, deben presentarse en el Juzgado, Guardia Civil o Policía Nacional, (no Mossos d´Escuadras), para decir que las has recibido, y que no van a cumplir lo ilegalmente ordenado, pues de esta forma podrá encontrar el respaldo oficial de Estado y del Gobiderno. Y que les den copia o recibo de la denuncia.
No se deben preocupar porque es cuestión de tiempo para que el Govern de Cataluña quede ingabilitado, por lo tanto, sin valor legal dehaber dado orden oficial autonómica.
No te lo tome a broma, porque mira lo que le ha pasado a Arthur Mas y a los 11 suyos.
El referéndum del 1 de octubre, se haga o no, se
gane o no se gane, resulte como resulte, el gobierno autonómico catalán ha
tomado ya la determinación de no reenviar los impuestos al Estado, e iniciar la
desconexión, si no se les para los pies y no se le destituye. Todo era una
pantomima, una tapadera y nos han engañado a todos, lo que en pintura es un
trampantojo. Desobediencia. Engaño. Ya dijo Puigdemont que con un 30 % de participación eran sufuciente. Es un ignorante, porque el Comisión de Venecia dice que debe ser un 55% Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (más conocida como Comisión de Venecia). Declarará la independencia, lo tienen ya
todo previsto. Está todo preparado y pensado de antemano. Por eso Carmen Forcadell (la cara palo fue
presidenta de ANC, Asamblea Nacional Catalana) y presidenta del Palamento catalán, el día 6, estaba como loca, era un muro
infranqueable para la oposición, para todo aquel que estuviera en contra del
gobierno de Puigdemont. Había que aprobar las leyes de transitoriedad y del
referéndum por vía de urgencia, sin los plazos legales, ha demostrado
partidismo y parcialidad. Todo ilegalmente sin las norma de derecho y democracia, y sin la Constitución de 1978.
Mariano Rajoy se debe dar cuenta que el 1 de octubre, es solo una fecha de inicio,
de descononexión, por un gobierno autónomo, sí o sí. No se crea nada de lo que digan o prometan. El 2 de octubre es el inicio de un
mes de desobediencias, con la ley y sólo con la ley, no hará absolutamente
nada. Se necesita fuerza ejecutiva. Usted es demasiado buena persona, debe tener un poco más de hiel y mala
leche. Tiene que empezar a meter en la cárcel a la mesa del Parlamento y al
gobierno en pleno. Apartarlos de las decisiones de poder.
Estos están ciegos, y no ven las consecuencias nefastas que va a tener para
toda España y Europa. El arte 155 de la Constitución ya sí se puede activar y aplicar
porque hay base legal, porque el Tribunal Cnstitucional lo ha declarado inconstitucional. Destituciones ya. No tenga
usted señor Rajoy miedo a la calle, al enfrentamiento ni al conflicto. Ellos,
los independentistas van a hacer revueltas por las buenas o por las malas. Más
vale una vez colorado que ciento morados. El día 11de la Diada, lo va a ver
todo claro.
No se puede parar a un gobierno independentista kamikace que se tira con
aviones con leyes. Las guerras, y esto lo es no se gana con leyes, sino con
acción y fuerza. Lo tienen todo previsto. Aunque hubiera un referéndum y
saliera el NO, a ellos les da igual, no lo van a respetar. Al gobierno de
Cataluña le da igual. Si se han saltado todas las leyes democráticas,
ninguneando a la oposición, cómo espera que respetaran un resultado negativo.
Usted ya dijo que los experimentos de los referéndum con gaseosa. Mire lo
que ha pasado con el brexit de Gran Bretaña.
Dice Europa que el tema secesionista de Cataluña es un tema interno español. Cuando no es cierto, si se separa también le afectará a Europa. Ayer se pronuncio como que es un golep tambien a Europa, y saldrá de la Eurozona.
Ramón Fernández Palmeral.
Jueves, 7 de septiembre 2017
Con nocturnida y alevosía:
La mayoría independentista
de la cámara, siempre con el rechazo más
absoluto de la oposición, aprovechó las últimas horas de la noche e
incluso la madrugada para llevar adelante otros trámites vinculados con
el referéndum. Aprobó, e incluso nombró, los miembros de la Sindicatura
Electoral, una suerte de Junta Electoral Catalana. Y pasada la una de la
madrugada la Mesa del Parlament también admitió a trámite la segunda
ley de ruptura, la de Transitoriedad Jurídica, que diseña las
estructuras de la Cataluña independiente. La oposición tildó de "carrera
loca hacia ninguna parte" estas decisiones de Junts pel Sí y de la CUP.
La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, en una fotografía de archivo.Foto: EFE (MARTA PEREZ). Vídeo: ATLAS
La mujer (cuyo nombre ignoraremos) que pidió el pasado domingo en las redes sociales que violaran a la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas,
ha sido despedida por la empresa para la que trabajaba, la inmobiliaria
Tinsa, según han confirmado fuentes del entorno de la política y la
propia compañía en un comunicado. Previamente, la líder de Ciudadanos en
Cataluña había anunciado en Twitter que denunciaría a quien le insultó por sus injurias y amenazas.
Miles de usuarios y también políticos de todas las formaciones han
mostrado su apoyo a la jefa de la oposición en Cataluña a través de la
red, entre ellas la diputada de la CUP Anna Gabriel, la vicepresidenta
de la Comunidad Valenciana, Mònica Oltra, o la portavoz del PSC en el
Parlament de Cataluña, Eva Granados. También la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, ha condenado el mensaje, que considera una
"vil ofensa a millones de mujeres que sufren violencia".
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..........................LA ENERGÚMENA PIDE DISCULPAS.................
Pues no haberlo hecho. Los errores de pagan. Estarás estigmatizada de por vida.
No calentín ni hostias, yo pienso cosas de algunos políticos y me las callo, porque no se puede insultar ni amenzar. El arrepentimiento ha de ser inmediado, no cuando te han despedido de la empresa y están encajusada judicialmente, y prepárate el bolsillo.
Esta mujer estaba trabajando en la tasadora inmobiliaria Tinsa a
través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Cuando la despidieron
ni si quiera le explicaron los motivos, simplemente la carta ponía “fin
de obra”. Se fue a casa sin saber qué pasaba y de camino le fueron
informando sus familiares. “Tinsa colgó un comunicado anunciando mi
despido en internet sin haberme dicho a mí por qué lo hacían”.
Le molesta también que se hayan difundido imágenes privadas sin ningún consentimiento, pero cree que algunos ataques han sido desmedidos. “Me han llegado comentarios de que se han quedado con la cara de mi familia y que irían a por ellos, o que ahora saben quién soy y podrán saludarme ‘como me merezco’ si me ven. Ahora voy con miedo por la calle”, lamenta.
A pesar de que se haya girado la tortilla en su contra, Rosa María
afirma que no emprenderá acciones legales contra los que la han
linchado. Solo quiere que pase el tiempo y que el problema se acabe
olvidando. “Me he quedado hasta sin trabajo por esto y veo el futuro
fatal. La huella digital me pasará factura, estoy convencida. Yo buscaré
trabajo igualmente, tendré que probarlo, pero no tengo ninguna fe en
encontrar nada”, sentencia.
Una bandera independentista, ayer en una calle de Barcelona.ALBERT GEA (reuters) / atlas
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Desde su título hasta su último artículo, la proposición de “ley del referéndum de autodeterminación” es ilegal, según el derecho internacional.
No hay por dónde agarrarla. Incumple las resoluciones de la ONU que
proclaman el derecho de autodeterminación y amparan la secesión de los
países bajo dominación colonial o yugo extranjero. Pretende apelar a un
dictamen del Tribunal de la Haya que validó la independencia de Kosovo
porque eso era lo que permitía su Marco Constitucional —lo contrario de
lo que sucede en este caso— y lo que proponía Naciones Unidas. Y viola
todas las estipulaciones y recomendaciones sustantivas de la Comisión de
Venecia del Consejo de Europa, el organismo continental de referencia,
que asesora y enjuicia sobre reformas constitucionales y referendos. Se trata de una violación reiterada y sistemática. De la alfa a la omega.
La violación Alfa es ya el artículo 1, que dice que la ley “regula la
celebración del referéndum de autodeterminación”. Desde el estándar
internacional, no puede hacerlo una ley ordinaria contraria al marco
constitucional y estatutario. Porque “el uso de los referendos debe
cumplir con el sistema legal en su totalidad”, y “en particular los
referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a
esta no los estipula” (Código de Buenas Prácticas de Venecia, art.
III.1). Y los de secesión no están estipulados sino excluidos del
ordenamiento interno, como sucede en la mayoría de países desarrollados.
La violación Omega es la supuesta entrada en vigor (disposición
última e inminente decreto de convocatoria), a menos de un mes del 1-O.
Contraviene la norma de que “los aspectos fundamentales de la ley del
referéndum no deben poder ser reformados durante el año anterior al
referéndum” (Código, punto II, 2).
En medio, todo es antijurídico: la anticonstitucional atribución de
la soberanía al pueblo catalán (art. 3); el atentado a la jerarquía
normativa, pues la ley autoproclama que “prevalece jerárquicamente”
sobre el Estatut y la Constitución (art. 3.2); el carácter “vinculante”
del resultado (art. 1), pues si el recuento arroja más votos afirmativos
que negativos “implica la independencia” (art. 4.4), cuando los
referendos sobre asuntos trascendentes son consultivos (art. 92 de la
Constitución). Maltrata y retuerce el Código de Buenas Prácticas de
Venecia, que reclama que “debe estar claramente estipulado en la
Constitución o por la ley si los referendos son jurídicamente
vinculantes o consultivos” (Código, 53).
La autoridad administrativa, o Sindicatura Electoral de Catalunya,
que controlaría el referéndum también es ilegal porque sus miembros se
elegirían “por mayoría absoluta” parlamentaria (art. 19 de la ley), que
son 69 escaños, en vez de por mayoría cualificada de dos tercios (90
escaños). Este último es el baremo mínimo para reformar el Estatut (art.
222) y para aprobar una ley electoral (art. 56), de la que Cataluña
carece por no haber logrado en cuatro décadas ese consenso.
Además, Venecia advierte contra esa práctica torticera de cambiar las
mayorías por la puerta de atrás: prescribe “evitar que los referendos
se usen para minar la legitimidad de las instituciones representativas”,
como el propio Parlament (Compilación de opiniones e informes,
10/3/2017, punto 15). Para lo que es imprescindible entablar “serias
negociaciones entre todos los actores” (Compilación, punto 25). Y
arremete contra el abuso de la mayoría simple: “Partidarios y opositores
de la propuesta sujeta a votación deben ser representados de manera
igualitaria en las comisiones electorales” que controlen a la autoridad
organizadora de la consulta (Código, punto II, 3.1.e).
Para otros detalles habría que verificar el desarrollo de la ley. En
todo caso, Venecia advierte contra los censos electorales improvisados:
“Deben ser permanentes” (Código, punto 1,2); establece que el Gobierno
debe comportarse, si no neutralmente, al menos evitando la “excesiva
campaña unilateral” (Compilación, 12); y ordena que “debe prohibirse el
uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de
campaña” (Código 3,1).
Queda el asunto de los quórums (de participación y de resultado
mínimo). El Código de Venecia los rechaza para las consultas normales.
Pero no para las de secesión (si son permitidas por la Constitución),
como la de Montenegro: amparó un quórum del 50% del censo y una mayoría
cualificada de votos afirmativos, de entre el 55% y el 65%, que al final
se fijó en el 55%.
Así que no suena extraño que el presidente de la Comisión de Venecia,
Gianni Buquicchio, recordase al de la Generalitat, en carta del 2 de
junio, que su institución “enfatiza” la “necesidad de que cualquier
referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución y de
la ley aplicable”, como el Estatut.
