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ARTICULOS DE OPINION
Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.
domingo, 22 de marzo de 2020
El rey emerito Juan Carlos I se está cargando la Monarquía de España. Al final acabamos en una república. ¡Qué vergüenza!
Rey emérito Juan Carlos primero
Televisión Española/ programa: "Informe Semanal", sábado 22 de marzo 2020, confirma, sin contemplaciones, las siguientes y desastrosas
noticias sobre la Monarquía. La opinión pública tiene la obligación de
fiscalizar la defensa de la integridad de todas las Instituciones del
Estado.
Pues
ha vuelto a ocurrir, y se ha vuelto a equivocar. Sin embargo, la
cuestión no es que se haya equivocado y que haya vuelto a ocurrir. Lo
realmente importante es si las equivocaciones tienen consecuencias y, si
estas consecuencias son iguales para cualquier ciudadano. Pues parece ser que no.
Todos recordaremos que el 13 de abril de 2012 un ciudadano
español se encontraba disfrutando de un safari asesinando elefantes en
Botsuana y, la fatalidad quiso que se rompiera la cadera. El viaje de
regreso lo realizó en avión privado, y rápidamente fue trasladado a un
hospital, también privado, donde de forma inmediata fue intervenido.
Ni por un momento este ciudadano
podía pensar que este inocente incidente tuviera la repercusión que
tuvo. Mientras disfrutaba de la cacería, la gran mayoría de españoles
soportaban una despiadada crisis económica. El paro, los desahucios, la
pobreza, dificultades para poder subsistir, hacían que la situación
fuera dramática para muchas familias. El pueblo, que es donde el artículo 1 de la Constitución nos dice que reside la soberanía, se alzó para recriminar la actitud de este ciudadano.
Sin embargo, preso de esta situación, este ciudadanosevio obligado a pedir disculpas. Con cara acontecida, se disculpó públicamente diciendo: “Lo siento. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”.
Como podía intuirse, y así se ha demostrado posteriormente, no fue
merecedor del perdón de la ciudadanía, ya que el arrepentimiento no fue
sincero.
Pues bien, ¿dónde está la
noticia? Hasta ahora todo es normal y razonable. No parece que haya
acontecido nada merecedor de ser reseñado. Sin embargo, PSOE y PP
salieron en defensa de este ciudadano, corrieron un tupido velo, y miraron para otro lado. El Gobierno lo justificó afirmando que el viaje de este ciudadano no supuso "ningún gasto extraordinario o imprevisto". Efectivamente, fue un empresario representante de los intereses de este ciudadano en Arabia Saudí quién lo invitó.
(No se puede ir de safari por África un rey matando elefantes en los tiempos ecologicos en lo que vivimos y conciencia naturalista).
Y es aquí donde nos preguntamos quién es este ciudadano
para que tenga tanta repercusión su accidente, para que lo inviten a la
cacería, para ser operado, no en la sanidad pública donde van los
ciudadanos de a pie, sino en la privada y, para que salgan a defenderlo
los dos principales partidos políticos y el gobierno. Este ciudadano no
era ni más ni menos que el Rey de España, D. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.
Quienes
sí que se hicieron eco del descontento de la ciudadanía fueron ERC,
quien reprochó que no hubiera recurrido a la sanidad pública, afirmando
que “demostraba el grado de desintegración moral de la monarquía”. Y
también IU, quien afeó su acción al decir que “demostraba una falta de
ética y respeto a mucha gente en este país que está sufriendo mucho”.
Para acallar este descontento se vio obligado a abdicar en su hijo, D. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia.
Pues
bien, ocho años después se ha demostrado que su arrepentimiento no era
sincero. El pasado 15 de febrero, el diario The Telegraph destapaba la
noticia de que el Rey Emérito era el primer beneficiario de una donación irregular de 100 millones de dólares, a una cuenta en Suiza de la fundación Lucum,
domiciliada en Panamá. Presuntamente, el origen de esta donación en
2008 habría que atribuírselo al Rey de Arabia Saudí, por el presunto
pago de unas comisiones por su intermediación en la concesión a un consorcio de empresas españolas del AVE a la Meca. Por ese motivo, el Rey Emérito,
comenzó a ser siendo investigado por la fiscalía suiza por blanqueo de
capitales. Además, 65 millones de esa supuesta comisión habrían ido a
parar en 2012 a la presunta amante del rey, Corinna Larsen, siendo aún jefe de Estado.
Y por si no fuera suficiente, presuntamente habría otra fundación donde el Rey Emérito sería beneficiario, Zagatka.
Esta fundación a nombre de su primo, presunto testaferro, durante 11
años pagó varios millones en vuelos en aviones privados. A este
respecto, The Telegraph indica que esta fundación recibió en una cuenta
suiza una comisión de 50 millones de francos suizos por la intermediación de la desastrosa venta del Banco Zaragozano al Barclays.
Estos hechos parecen confirmar lo señalado por la presunta ex amante del Rey Emérito,
Corinna Larsen. La aristócrata, en unas conversaciones grabadas por el
excomisario, actualmente en prisión, José Manuel Villarejo, ponía de
manifiesto el cobro de comisiones del Rey Emérito y las cuentas suizas.
Además, habría denunciado amenazas y coacciones por parte del Rey
Emérito.
La historia se repite. No
habríamos sabido nada de esta situación, si no fuera porque el pasado 5
de marzo de 2019, el despacho de abogados de Corinna, envió una carta a
la Casa del Rey y a las autoridades competentes donde indicaban que el Rey Felipe VI figuraba como beneficiario de la Fundación Lucum. Ante esta situación, el pasado 15 de marzo el Rey Felipe VI se vio otra vez obligado,
ante las noticias difundidas por The Telegraph, a emitir un comunicado
oficial donde manifestaba no tener conocimiento de ser beneficiario,
renunciando a la herencia que le pudiera corresponder tanto a él como a
la Princesa de Asturias de la Fundación Lucum, así como cancelar la asignación de 194.332 euros de los fondos públicos.
Esta situación nos recuerda lo acontecido en 2014 en el caso Nóos, cuando el ReyFelipe VI también se vio obligado a apartar a la Infanta Cristina
de Zarzuela. Tras uno de los juicios más mediáticos y controvertidos de
nuestra historia, se emitió una sentencia muy favorable a los intereses
de la Monarquía. Por un lado, Iñaki Urdangarín fue
condenado a un tercio de la petición de la fiscalía, tras no aceptar
gran parte de las acusaciones. Y, la Infanta fue exculpada como cómplice
de su marido al “no haber resultado acreditada su participación” puesto
que “desconocía la existencia de los delitos y no participó en su
ejecución”. Parece ser que el argumento utilizado por su defensa, “lo hizo por amor”,
dio resultado. La Monarquía vio cumplidos sus deseos, que por nada del
mundo la Infanta fuera condenada y, muchísimo menos que pisara la
cárcel.
Ahora bien ¿Cómo es posible que la Infanta Cristina
no tuviera conocimiento y no participara, si pagó gastos personales con
la tarjeta de una sociedad de propiedad conjunta, Aizoon, a la que se
desviaban los fondos de Nóos? Con esa tarjeta se pagaron clases de
baile, celebraciones de cumpleaños de sus hijos, safaris, gastos del
palacio donde residen, la compra, el servicio doméstico… Un caso sin
precedentes donde el Juez, José Castro, tuvo que soportar las presiones
de la fiscalía que, en vez de hacer su papel habitual, se convirtió en
defensora de la Infanta. El juez Castro, tras ser emitido el fallo,
afirmó que el tribunal había sentenciado que “la Infanta Cristina era
una mujer florero”, extremo con el que, recalca, no está en absoluto de
acuerdo. También llamó poderosamente las reacciones de los partidos
políticos. Mientras Podemos, ERC e Izquierda Unida consideraban las
penas insuficientes y criticaban la exoneración de la Infanta Cristina,
PP, PSOE y Ciudadanos se mostraban de acuerdo con la misma. ¿Si hubiese
sido un ciudadano cualquiera el trato recibido hubiese sido el mismo? Yo creo que no.
Pues parece ser que este escenario vuelve a repetirse. Si en marzo de 2019 el Rey Felipe VI
era conocedor de las irregularidades de ambas fundaciones, ¿por qué no
informó inmediatamente y hemos sido conocedores de estos gravísimos
hechos casi un año después?, ¿por qué tuvo que ser un medio de
comunicación británico el que nos informara?, ¿por qué ha sido la
fiscalía anticorrupción suiza la que comenzara a investigar estos
hechos?, ¿por qué ha sido casi un año después cuando ha condenado al
ostracismo institucional a su padre? En línea con la opacidad y defensa a ultranza de la Monarquía de
la mayoría de nuestros partidos políticos, medios de comunicación,
instituciones judiciales y tributarias, se volvió a correr un tupido
velo.
Todos somos conocedores de las
diversas ocasiones en que la Mesa del Congreso ha rechazado crear una
Comisión que investigue estos hechos. Gracias a los votos de PSOE, VOX y
PP, las iniciativas presentadas por Unidas Podemos, ERC y el Grupo
Plural, no han prosperado. Mientras los primeros argumentaban que no era
necesario porque la justicia española se encontraba investigándolo y
que no llevaría a ningún sitio debido a la inviolabilidad de la figura del Rey, los segundos consideraban que “no se puede apelar permanentemente a la inviolabilidad del Rey para que tenga un privilegio diferente a cualquier otro ciudadano del país”.
Un
aspecto que ha vuelto a jugar en contra de la monarquía ha sido que
este hecho se ha conocido en uno de los peores momentos que ha tocado
vivir a la ciudadanía española. La crisis sanitaria del coronavirus.
No es necesario decir lo salvaje y demoledora que está resultando esta
crisis sobre lo más preciado de una persona, su vida. Estamos viviendo
la escasez de equipamiento médico, el descomunal sacrificio de nuestro personal sanitario público,
y recalco lo de público, que ha estado y está desde el principio ahí
arriesgando su vida, la decisión de quien debe ser atendido o no, la
falta de camas… Algo dantesco. Y, como reconocimiento a su labor y
sacrificio, de forma espontánea una iniciativa popular ha hecho que salgamos a los balcones de nuestras casas para aplaudirles y agradecer su esfuerzo.
Como respuesta al comportamiento incívico y delictivo
de nuestra Monarquía, de nuevo la ciudadanía no ha permanecido ajena a
esta situación y ha respondido de forma contundente. El día del discurso
del Rey, de nuevo paternalista, condescendiente e improductivo, la
ciudadanía también salió a sus balcones para solicitar al Rey Emérito
que esos 100 millones de euros sean entregados para la adquisición de
material médico para la crisis. Más vale que el discurso se hubiera
destinado a explicarnos, mirándonos a la cara de todos los españoles, lo
sucedido. Ni el Felipe VI, ni el Rey Emérito se han dignado a darnos
explicaciones. Ni se ha hecho, ni se va a hacer. Escudándose en esta
crisis, esperarán a que todo pase. Este la justificación que han
argumentado los grupos políticos y algunos medios de comunicación para
defender a capa y espada la Monarquía y obviar este asunto.
No
todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley, lo cual es lo más
antidemocrático que puede existir. En la actualidad no se concibe que
pueda existir discriminación por razón de tu nacimiento, pudiendo
recibir ciertos ciudadanos un trato privilegiado con respecto al resto.
Pues así es, y se encuentra recogido en el artículo 56.3. de la Constitución,
que atribuye a un ciudadano español, el Rey, ser inviolable y que su
actuación no está sujeta a responsabilidad ¿Un ciudadano español puede
ser inviolable, aunque haya cometido hechos delictivos?
Y ya que se ha hecho mención a la Constitución Española,
para terminar, quisiera reseñar algunos preceptos establecidos por
nuestra Carta Magna que entrarían en contradicción con el privilegio
atribuido a este ciudadano y ponen de manifiesto lo caduca que es la Monarquía.
Artículo
1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Artículo 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
Artículo 61. “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.”
El
anuncio, realizado en pleno inicio de las medidas de confinamiento
decretadas con la entrada en vigor del Estado de Alarma, parece haber
pasado en un segundo plano dentro de la agenda mediática, aunque todos
los medios de comunicación se hicieron eco, con destacados titulares.
Otra cosa es cómo se han posicionado para analizar lo ocurrido y para
distinguir entre la figura del rey emérito y la Monarquía. No sabemos
cómo finalizará el caso de las supuestas comisiones ilegales, pero la
única verdad es que a Juan Carlos I no se le puede juzgar por lo
ocurrido antes de 2014, cuando abdicó y, por lo tanto, sólo a partir de
ese año, cuando perdió su inviolabilidad penal.
Sirva
este ejemplo, capital en el sistema democrático español, independiente
de cuál sea su desenlace, para poner de nuevo sobre la mesa la necesidad de transparencia de todas las instituciones públicas,
y que lo que pasó en España a partir de la crisis económica 2009, con
la aplicación de medidas en favor de la mejor fiscalización de los
recursos públicos y de la labor de sus responsables políticos, sigue
vigente y debería inmiscuir a instituciones como la Monarquía, Cuando
más transparentes son las instituciones, mejor se defienden. Hay que ser
exigentes siempre, gobierne quien gobierne, esté quien esté.
Viene
esto al caso porque hace aproximadamente una década, Alicante en
particular, y la Comunitat Valenciana, en general, pasó por una
situación similar. No sólo por lo que sucedió en las instituciones
públicas, y con los casos de corrupción protagonizados por determinados
políticos. La confusión de poder y legitimidad fue tal durante
unos años que los medios de comunicación llegaron tarde a la tarea de la
fiscalización en algunas instituciones y sólo incrementaron la presión y
comenzaron a sacar episodios vergonzosos y vergonzantes con el habeas corpus de la entidad de turno yaciente...
...Y como decía el otro día el director de www.eldiario.es,Ignacio Escolar,
"no ha habido ninguna época en las cuatro décadas de reinado de Juan
Carlos de Borbón en la que utilizar el puesto para lucrarse
indebidamente haya estado bien visto por ningún código ético o moral de
los comúnmente aceptados por la mayoría social española. El único
espejismo fue el de tantos medios de comunicación que, durante décadas
miraron hacia otro lado, ignoraron las evidencias y blanquearon la
figura del rey por un mal entendido sentido de la responsabilidad".
Aplicable en el Alicante de aquella época.
Y
añade: "Nadie hereda los pecados de su padre. Tampoco el rey Felipe. La
responsabilidad no es hereditaria –aunque la jefatura del Estado
tampoco lo debería ser–. Pero si la prensa no cumple con su papel,
fiscalizar al poder, dentro de cuarenta años podríamos estar ante el
mismo problema que tenemos hoy. Y nos volveríamos a preguntar el
porqué". Pues eso. El papel de los medios de comunicación es y
debe ser fundamental para fiscalizar todo, más allá de la labor que
ejerzan los partidos de la oposición y la justicia, sean el
destino final de los fondos del grupo popular en la Diputación de
Alicante, o el despilfarro de los ERE fraudulentos de Andalucía
(salvando la distancias). Hace unos años pasó en la ciudad: la fiscalización vino a destiempo.
Y lo acontecido estos días con la Monarquía no deja de ser un aviso. La
transparencia es la mejor defensa de una institución. Y en su día lo
hubiera sido de la CAM o del Hércules CF. Quizás la investigación
parlamentaria no sea el mejor camino, pero algún método de rendición de
cuentas no estaría de más. Para que ya no sea tarde.
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Nuevo Impulso
Al final de esta historia de corrupción al más alto nivel, consiguirá el repudio de la ciudadanía que acabará en referendum, y la Monarquía española darás fin por culpa de un supuesto adúltero, corrupción, evasión de capitales y no se cuántos delitos finacieron más, en estos tiempos de confinamiento en que los españoles lo estamos pasando muy mal.
